Acceso a la Justicia cuestionó la aplicación de la ley de Amnistía en Venezuela y advirtió sobre la falta de garantías judiciales

La organización venezolana Acceso a la Justicia denunció este jueves que la nueva ley de Amnistía impulsada por la jefa del régimen chavista Delcy Rodríguez, aunque ha permitido la salida de numerosos presos políticos, pone de manifiesto el uso arbitrario de la justicia en el país.

“Más que cerrar un capítulo de persecución política, la forma en que se está aplicando la ley confirma que el problema sigue siendo más profundo: un sistema de justicia que aún no ofrece garantías reales de independencia ni de protección de derechos humanos”, señaló la ONG.

El análisis de la organización se centra en la redacción de la ley, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional chavista, donde se evidencian vacíos y contradicciones legales que abren la puerta a interpretaciones discrecionales.

Acceso a la Justicia subrayó que, aunque el artículo 6 establece un período de aplicación desde enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la norma, los artículos 8 y 9 incluyen excepciones y salvedades que exceden los límites constitucionales.

Según la ONG, esta estructura legal permite que casos humanitarios, como los de presos con enfermedades graves, menores de edad o detenidos de larga data, queden fuera de los beneficios de la amnistía.

La organización también cuestionó la lentitud en la aplicación práctica de la ley. Al cierre de la semana pasada, el Parlamento había registrado 7.727 libertades plenas otorgadas bajo este proceso, mientras que 7.474 personas permanecían bajo medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

Otros 253 ciudadanos seguían privados de libertad.

“No se observa por parte del sistema de justicia medidas orientadas a acelerar la aplicación de la Ley de Amnistía, ni siquiera en casos humanitarios”, alertó Acceso a la Justicia en su informe.

De acuerdo con la ONG, estas cifras evidencian la magnitud de la represión ejercida durante los últimos años contra la disidencia política en Venezuela. La ley fue presentada como un mecanismo de reconciliación y alivio para centenares de activistas, dirigentes opositores y manifestantes procesados o encarcelados desde la llegada del chavismo al poder en 1999. Sin embargo, el texto aprobado sólo contempla trece hechos específicos ocurridos en igual número de años, dejando fuera del beneficio a numerosos casos relacionados con protestas, operaciones militares fallidas o delitos considerados graves por el Ejecutivo.

Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la discrecionalidad del proceso y el rechazo sistemático a múltiples solicitudes de amnistía. Entre los casos señalados se encuentran los de Henry Alviárez, dirigente opositor del partido Vente Venezuela, y el asesor jurídico Perkins Rocha, quienes continúan excluidos del beneficio pese a los reclamos públicos de sus organizaciones.

Mientras tanto, familiares de presos políticos protestaron este jueves frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario denunciando torturas y tratos crueles en las cárceles del país.

Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, acusó a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de ser responsables de abusos y de complicidad con las condiciones inhumanas de reclusión.

“Semanalmente vienen los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas”, reclamó Baduel.

Otras denuncias se referían a casos de desnutrición y deterioro físico severo entre los reclusos.

Mayra Morales, familiar de Carlos Fonseca —acusado de participar en la denominada Operación Gedeón—, relató que su hermano muestra signos de desnutrición y pérdida de piezas dentales a pesar de recibir alimentos, según informes oficiales.

“Lo conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud”, afirmó.

La Ley de Amnistía, aunque abarca un período de 27 años, limita el beneficio a hechos puntuales y mantiene fuera a quienes participaron en acciones militares o protestas no contempladas en el articulado.

Acceso a la Justicia concluye que, sin una reforma real del sistema judicial y sin garantías efectivas de protección de derechos, la amnistía parcial no erradica la raíz de la persecución política ni resuelve la crisis de justicia que atraviesa Venezuela.

(Con información de EFE)