
Lo que para muchos era algo impensado, en cuestión de horas se puede volver realidad. Este miércoles por la noche el Supremo Tribunal Federal rechazó el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, quien, de esta manera, quedó a un paso de la cárcel.
La de hoy fue la última instancia con la que contaba el ex presidente de Brasil para evitar la prisión. Tras ser condenado a 12 años y un mes por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a Petrobras, en el marco del caso conocido como Lava Jato, la defensa del ex mandatario rechazó los cargos y presentó dos habeas corpus preventivos, con el objetivo de que su defendido evitara ir a la cárcel.
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El primero en expedirse fue el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), que el pasado jueves 26 de marzo desestimó por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula.

Los tres magistrados del TRF4 rechazaron la apelación y allanaron el camino para que el juez de primera instancia Sérgio Moro, quien está a cargo de la causa, determine la prisión del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
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Sin embargo, Lula todavía tenía su última carta; faltaba la palabra del Supremo Tribunal. La decisión del máximo órgano judicial habilitó al juez Moro a solicitar la detención inmediata del ex presidente.
El propio Moro se había expresado en la previa de las dos instancias al considerar que "una eventual alteración sería desastrosa para los avances contra la impunidad de la gran corrupción de Brasil".
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A partir de este momento, la defensa de Lula ya no cuenta con más recursos para evitar que el ex jefe de Estado vaya a la cárcel. Lo que sí podría hacer, una vez que se haga efectivo el pedido de prisión, es presentar otra solicitud de habeas corpus, pero con Lula ya preso.
El líder del PT, que gobernó el país entre 2003 y 2010, tiene siete causas en su contra, sumadas a otras dos denuncias judiciales. Este proceso que lo llevará a prisión, en tanto, recién es el primero que enfrenta.
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La primera condena, emitida por Moro, fue a nueve años y medio de prisión, y unos siete de inhabilitación para ocupar cargos públicos y electorales. Pero esta pena fue elevada en segunda instancia a 12 años y un mes.
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