Así votaron los jueces del Supremo Tribunal de Brasil que habilitaron la detención de Lula

Bajo un amplio despliegue de seguridad, los 11 magistrados que deciden la suerte de Lula comenzaron a votar en el Supremo Tribunal Federal. Durante la sesión, votaron diez jueces: Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux, en contra de Lula; y Gilmar Mendes, Dias Toffoli y Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello y Celso de Mello, a favor. La presidente de la Corte, Carmen Lúcia, desempató con un voto en contra, lo que habilitó la detención del ex presidente brasileño. 

Fachin, instructor del caso Petrobras, afirmó este miércoles que el eventual encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a doce años de prisión, no supondría "ninguna ilegalidad".

Fachin fue el primero de los once jueces del Supremo que tomó la palabra en una audiencia en la que se analizó un habeas corpus presentado por la defensa de Lula para intentar evitar su prisión, después de que haber sido hallado culpable por dos tribunales.

El instructor recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso del ex mandatario, por lo que recomendó que el habeas corpus sea negado.

En su acción, la defensa de Lula sostiene que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones, que en su caso pasarían aún por el Superior Tribunal de Justicia y la propia Corte Suprema.

Según Fachin, un recurso de esa naturaleza solo puede concederse "en favor de alguien que tenga amenazada su libertad por alguna ilegalidad o abuso de poder", lo que "no es el caso", agregó. "No cabe considerar ilegal, amenaza o abuso de poder dos fallos" de tribunales de primera y segunda instancia, sostuvo.

El juez Gilmar Mendes, en cambio, respaldó el habeas corpus presentado por el ex mandatario. En su argumentación, recordó que, al deliberar sobre la prisión tras condenas en segunda instancia, el STF decidió que la medida era "posible" y no de adopción automática.

Para el magistrado, que asumió su puesto bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente Lula deberá cumplir su pena solo después de un fallo en su contra en todas las apelaciones posibles. Para él, solamente en casos como homicidios o tráfico de drogas es necesaria la encarcelación antes de haber agotado todos los recursos, "para garantizar el orden público y la aplicación de la ley penal".

El tercero en votar fue Alexandre de Moraes, que enfatizó que la decisión del STJ que se cuestiona en el habeas corpus se basó íntegramente en la actual jurisprudencia. "La posibilidad de prisión después de la condena en segunda instancia resultó en efectiva lucha contra la corrupción", afirmó al votar en contra del ex mandatario.

Luís Roberto Barroso, que votó en contra de Lula, recordó los efectos fatales que la desviación de recursos públicos por corruptos causa a la población, como las muertes en filas de hospitales y carreteras mal conservadas. "Un sistema judicial que no funciona hace que la gente cree que el crimen compensa", dijo.

De hecho, para argumentar su voto enumeró homicidio de gran repercusión, como los asesinatos de la periodista Sandra Gomide, de la diputada Ceci Cunha y de la misionera Dorothy Stang, entre otros, en que los culpables recurrieron los fallos durante años mientras permanecían en libertad. "La justicia es el alimento del alma", afirmó.

El voto más esperado era el de la jueza Rosa Weber, que anteriormente había expresado su convicción de que una persona no puede ir a prisión hasta tanto se agoten todas las apelaciones, pese a lo cual, desde 2016, ha decidido en casos similares, según lo expresado entonces por el pleno.

En este caso, pese a que se conjeturaba que su visión sobre el asunto prevalecería sobre la jurisprudencia dictada en 2016, Weber también rechazó el habeas corpus presentado por Lula.

"He negado recursos similares en respeto a lo que en 2016 había decidido el pleno de la corte, en respeto al colegiado", y "lo hice incluso en contra de mis convicciones personales", declaró Weber, quien apuntó que en este caso "no podría ser de otra manera".

Weber dijo que si no se tratase de un "caso específico", como es el de Lula, y se tratara de un asunto con "repercusión general", lo cual supone que valdría para todos los condenados en esa situación, su posición podría ser otra.

En el sexto voto de la sesión, el juez Luiz Fux también votó contra Lula y comentó que la jurisprudencia del Supremo tiene que ser íntegra, coherente y estable; en caso contrario, desactivaría el poder judicial.

Luego fue el turno para el juez José Antonio Dias Toffoli, quien votó a favor del ex presidente. Toffoli consideró que no puede haber una "petrificación" de la jurisprudencia de la Corte: "Si el tema llega al plenario, puede ser revisto".

El magistrado defendió que la ejecución provisoria de la sentencia de condena se inicie después de la evaluación del recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia.

El octavo voto de la sesión fue el del juez Ricardo Lewandowski, quien también lo hizo a favor de Lula. "Lamento que la Suprema Corte haya puesto la libertad de las personas en un escalón muy inferior al derecho de propiedad", dijo el juez.

El juez Marco Aurélio Mello, en el noveno voto de la sesión, lo hizo a favor del ex presidente brasileño. "Entiendo que nadie será considerado culpable hasta que el tránsito en un juzgado de sentencia penal condenatoria ejecute la ejecución de la pena", dijo el magistrado.

Luego de la intervención de Mello, José Roberto Batochio, abogado de Lula, le pidió a los jueces que su defendido no sea llevado a prisión hasta que la Suprema Corte analice otros procesos que están abiertos en el tribunal.

Sin embargo, la presidente, Cármen Lúcia, ante el intento del abogado de evitar con ese recurso la prisión de Lula, dijo que el pedido podría ser analizado después de que todos los jueces terminen de votar el habeas corpus.

En el décimo voto de la sesión, el  juez Celso de Mello lo hizo a favor de Lula, lo que dejó el conteo en un empate: 5-5. El magistrado, durante su intervención, apeló, amparándose en la Constitución, sobre la importancia de la presunción de inocencia.

De Mello criticó fuertemente la declaración del comandante del Ejército brasileño, el general Eduardo Villas Boas, quien el martes presionó a la Suprema Corte en su decisión de conceder o no el habeas corpus a Lula.

"Esas intervenciones tienden a disminuir, o incluso a eliminar, el espacio institucional que se reserva para solucionar los desacuerdos, limitando la posibilidad de la libre expansión de la actividad política y de la plena actividad ciudadana. Esto además de dañar la democracia", dijo el juez.

Luego de la votación de Celso de Mello, el abogado del ex presidente brasileño intervino, en un nuevo intento para evitar la prisión de su defendido, y dijo que la presidenta de la Corte no puede votar para desempatar en habeas corpus, y argumentó que en ese caso prevalece la posición favorable del acusado.

La presidente Cármen Lúcia sometió su derecho de voto y la Corte decidió que sí, que puede desempatar.

El último voto, el del desempate, estuvo a cargo de la presidente, que votó en contra del ex presidente y así habilitó la detención de Lula da Silva.

En la causa penal a que se refiere el habeas corpus, una de las siete en que responde ante los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.

En primera instancia, Lula fue condenado a nueve años de cárcel, que fueron ampliados a doce en la segunda instancia.

La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una "persecución política" que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.

La sesión comenzó bajo estrictas medidas de seguridad, frente a la posibilidad de que tanto partidarios como adversarios de Lula se manifiesten en las calles de Brasilia, que en esta jornada tienen un refuerzo de 4.000 policías.

Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades separaron a ambos bandos con vallas metálicas y cerraron el tránsito en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos están el Palacio presidencial, el Parlamento y la sede del Supremo.

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