La justicia guatemalteca asestó el martes un duro golpe al presidente Jimmy Morales, al suspender de forma definitiva su orden de expulsar del país al jefe de una comisión de la ONU contra la corrupción.
La máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), tomó la decisión tras "un exhaustivo análisis del caso", que provocó un terremoto político en el país y fue condenada por Estados Unidos, gran parte de los países de la Unión Europea y Naciones Unidas.
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El mandatario, de 48 años, decretó el domingo la expulsión del ex magistrado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al acusarle de injerencia en asuntos de Estado y sobrepasarse en sus funciones.
Este ente de la ONU, que respalda desde 2007 la depuración judicial y el combate a las mafias en Guatemala, inició el viernes junto a la fiscalía un proceso para retirar la inmunidad a Morales, con el fin de investigarle por supuesta corrupción durante la campaña electoral de 2005.
Tres de los cinco magistrados de la CC, que frenó en un primer momento la medida de manera temporal, acabó otorgando "el amparo provisional solicitado" y dejó "en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado".
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La decisión de la máxima instancia judicial guatemalteca colmó las exigencias de decenas de indígenas y activistas, que celebraron la resolución quemando cohetes y cantando vítores frente a la sede de la CC, en el centro de la capital. Horas antes habían manifestado su apoyo a Velásquez en la Cicig.
"Apoyamos a Iván Velásquez por la gestión emprendida para limpiar al Estado de los tentáculos oscuros de la corrupción, impunidad, mafias, el crimen organizado y estructuras paralelas de poder", dijo a periodistas Miguel de León, vocero de los líderes indígenas.
El presidente de la CC, Francisco de Mata, señaló que el fallo debe ser notificado a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil, con "el objeto de hacer de su conocimiento esta decisión y por consiguiente se abstengan de ejecutar" la orden del mandatario.
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La suspensión definitiva se dio por un amparo aceptado provisionalmente el mismo domingo del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien asumió el cargo el 19 de agosto.
"El órgano competente (CC) determinó que lo actuado por el presidente no tenía sustento legal y en tanto el presidente tendrá que hacerse (a) la idea (de) que el comisionado Iván Velásquez seguirá cumpliendo su función", contó Rodas.
La resolución indica que el amparo se fundamentó en que la orden de expulsión era ilegal por no contar con el respaldo del ministro de Estado, tal y como establece la Constitución. Sólo llevaba la firma del gobernante.
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Antes de conocerse la decisión de la corte, un Morales visiblemente molesto reiteró, durante una reunión con alcaldes que le apoyan, su intención de echar al comisionado.
El vocero presidencial, Heinz Heimman, dijo que hasta el momento no se ha fijado una posición oficial acerca de la suspensión definitiva.
Con información de AFP
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