Han pasado 23 días desde que 65 mineros chilenos iniciaron una protesta desde las entrañas de la tierra: a 650 metros de profundidad, en un pique carbonífero en quiebra, exigen a su gobierno que aporte el dinero necesario para comprar la mina y mantener a sus trabajadores.
En la mina Santa Ana, ubicada a 595 kilómetros al sur de Santiago, los mineros pasaron navidad con sus familias y repetirán la situación en Año Nuevo. Una decena suspendió la huelga de hambre que mantenía, pero seguirán apoyando a sus compañeros.
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Varios medios de prensa coincidieron en señalar que el gobierno exigió a los trabajadores deponer el movimiento para dialogar y que el enviado sería el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy. Sin embargo, todo indica que esto ocurrirá recién en enero.
Los problemas en la mina se arrastran desde el año 2015, cuando sus dueños pidieron la quiebra y dejaron sin trabajo a los mineros que tomaron el pique en protesta. Después de la intervención del gobierno, se les prometió generar los 500 millones de pesos (740.000 dólares) para mantener activo el pique y con las medidas de seguridad respectivas.
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"El gobierno les ha entregado a la fecha 2.300 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) en diversos bonos y apoyos (…) deberían cesar la medida", afirmó Aleuy, este martes en rueda de prensa.
Los manifestantes acusan al gobierno de no haber hecho las gestiones con otras empresas privadas para que adquieran la mina y se mantenga su actividad.
"Se hizo una gestión para que otros actores privados puedan comprar la mina y eso está en curso", afirmó Aleuy, quien descartó mayores gestiones del gobierno en un conflicto que dijo es "entre privados".
Sin embargo, Luis Chandía, presidente de los trabajadores, dijo a la prensa que a pesar de que el Congreso aprobó generar el dinero, la partida no fue considerada en el presupuesto de la Nación 2017.
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En un mensaje a la presidenta Michelle Bachelet, Chandía enfatizó: "No le pedimos limosna, sólo le pedimos apoyo. Queremos trabajar".
Con información de AP y AFP
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