El Ministerio Público de Venezuela ordenó el arresto de 11 militares por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas que habían desaparecido durante una operación contra la delincuencia.
Los cuerpos fueron encontrados entre el viernes y el sábado en zonas aledañas a la localidad de Barlovento, estado Miranda, señaló la Fiscalía en un boletín.
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"La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas (…) denunciaron su desaparición, ocurrida entre el pasado 16 y 19 de octubre. Estas fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad", detalló el texto.
La Fiscalía imputará a los efectivos castrenses por delitos contra los derechos humanos y solicitará medidas de protección para los testigos. Los detenidos fueron identificados como el Teniente coronel José Ángel Rojas, y los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón. También figuran el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.
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En rueda de prensa, el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, condenó el suceso. "Estas actuaciones unilaterales e individuales no representan el sentido de nuestra querida Fuerza Armada", dijo.
A su vez, la institución expresó en un comunicado su "categórico rechazo" a los hechos y aseguró que el gobierno ya ordenó brindar "todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas con la consecuente reparación e indemnización del Estado".
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La investigación estableció que los 12 ciudadanos fueron detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión.
La Fiscal General, Luisa Ortega, ha mostrado preocupación por el aumento de denuncias de violación de derechos humanos en acciones especiales contra el delito llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), puestas en marcha en julio del año pasado. Las OLP, según el despacho de Ortega, dejaron 245 fallecidos el año pasado.
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Organizaciones de derechos humanos alertan que en estos operativos se han registrado ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, sin reducir los altos índices de delincuencia en un país que cerró 2015 con tasa de homicidios de 58,1 por cada 100.000 habitantes, seis veces mayor a la media mundial.
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