El Ministerio Público de Guatemala realiza 16 allanamientos para ubicar motocicletas vinculadas al homicidio Solorzano Foppa

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron este 30 de octubre al menos 16 allanamientos en Ciudad de Guatemala para reunir indicios sobre el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurridas durante un ataque armado en el Campo Marte. Las diligencias buscan localizar motocicletas que podrían haber sido utilizadas por los responsables del atentado.

La mayoría de los registros se concentró en viviendas de la colonia La Libertad, en la zona 13 de la capital guatemalteca. Los operativos se produjeron 13 días después del crimen y apuntan a reconstruir la ruta de los atacantes y determinar quiénes participaron en la agresión.

Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y exfiscal antimafias del Ministerio Público, fue baleado la mañana del 17 de octubre mientras se encontraba en las canchas del Campo Marte, en la zona 5. Aguilar Gamarro, árbitro de un partido amateur de fútbol que se disputaba en el lugar, también murió por las heridas que sufrió durante el ataque.

Las motocicletas bajo investigación en la zona 13

La Fiscalía investiga si las motocicletas buscadas en los inmuebles allanados fueron empleadas para ejecutar o facilitar la huida tras el ataque. El Ministerio Público confirmó que sus equipos desarrollaban las diligencias para encontrar nuevos elementos que permitan esclarecer el doble homicidio.

La investigación se mantiene abierta pese a que, días después del crimen, altos mandos policiales indicaron que cuatro equipos de investigación y dos unidades de videoforense trabajaban en el caso. Durante una citación con diputados, las autoridades evitaron revelar las características de los sospechosos incluidas en una alerta policial, al sostener que esa información permanecía bajo reserva.

Los primeros avances del caso quedaron rodeados de cuestionamientos por la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. La Policía los detuvo pocos minutos después del ataque en la zona 16, a unos ocho kilómetros del Campo Marte, y los presentó como sospechosos del doble crimen.

Los agentes argumentaron que los hermanos transportaban un arma de fuego dentro de una caja utilizada para entregas de comida a domicilio. Sin embargo, ambos negaron cualquier relación con el crimen y pidieron que se revisaran las cámaras de seguridad para aclarar lo sucedido.

La hipótesis contra los detenidos perdió sustento al día siguiente. El 18 de octubre, el Ministerio Público pidió que no fueran ligados a proceso y un juzgado aceptó la solicitud, por lo que recuperaron la libertad por falta de mérito.

Siete policías detenidos por presuntas irregularidades

Un fusil que la Policía presentó como indicio contra los hermanos Choc Toz habría sido colocado por agentes y no correspondería al arma empleada en el ataque. Esa situación abrió una investigación sobre el procedimiento policial y una posible alteración de los elementos recogidos tras el crimen.

Las pesquisas derivaron en la captura de siete agentes de la Policía Nacional Civil el 23 de octubre: un comisario, un inspector, un oficial y cuatro agentes. El Ministerio Público los señaló por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Los policías fueron trasladados a la cárcel de Mariscal Zavala en donde permanecerán por dos meses, tiempo en que el Ministerio Público debe presetarn indicios queen su contra.

El caso provocó cambios en la cúpula de la institución. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la destitución de David Custodio Boteo como director general de la Policía Nacional Civil y de Esvin Jacinto Quiché como subdirector de Operaciones.

Erick Rolando Osoy López asumió la dirección de la Policía, mientras Selvin Solano quedó al frente de la Subdirección de Operaciones. Gobernación también anunció una revisión de mandos y procedimientos para establecer si existieron deficiencias en la respuesta institucional.

Villeda reconoció que las autoridades tenían más dudas que certezas sobre lo ocurrido. La investigación debe establecer tanto quiénes asesinaron a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro como la actuación de los policías que participaron en las capturas posteriores al ataque.

El reclamo de justicia de la familia de Solórzano Foppa

La familia del exfiscal difundió un comunicado casi dos semanas después del asesinato para agradecer las expresiones de apoyo y reclamar avances en el esclarecimiento del caso. También valoró los aportes económicos recibidos, que le permitieron afrontar momentos especialmente difíciles.

En el mensaje, los familiares expresaron: “Son incontables las muestras de solidaridad que, como familia, hemos recibido ante el asesinato de Juan Francisco. Cada gesto de cariño, cada palabra y cada muestra de acompañamiento nos han dado fuerza y nos recuerdan que la dignidad y el compromiso con un país más justo siguen vivos”.

La familia reiteró su exigencia de una investigación rigurosa y de justicia por los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.