Ex prostituta espera revolucionar el Congreso dominicano

Montero, de 46 años, se crió en la casa de una cuñada de su madre y fue violada varias veces cuando era niña por un familiar. Se casó a los 16 años con un hombre que la golpeaba, y terminó haciéndose prostituta.

"Sé lo duro que es tener que salir (a buscarse la vida) porque tu familia no tiene comida; cuando una no tiene ni qué comer, una sale con el primero (hombre) que aparezca", dijo Montero en la oficina de una organización de asistencia a prostitutas que encabeza, amoblada con lo básico y en cuyas paredes exhibe los diplomas que obtuvo tras dejar la prostitución y certificados de diferentes conferencias internacionales sobre trabajadoras sexuales a las que ha asistido.

"Si no me hubiesen violado cuando yo era niña y los adultos me hubiesen creído, no hubiese sido trabajadora sexual", dice la mujer que habita en la empobrecida zona de Haina, quien se prostituyó durante casi una década luego de que su marido la abandonó tras varios años de maltratos.

Montero tocó fondo y decidió cambiar su vida cuando recibió una paliza de un cliente que se negaba a usar condón y de un accidente vial que la dejó postrada en cama ocho meses. En 1998 se puso a estudiar enfermería mientras seguía ejerciendo la prostitución, y comenzó a involucrarse en el activismo social al trabajar como pasante a una clínica que atendía principalmente a trabajadores sexuales y a población con VIH.

Profundamente religiosa, más adelante estudió la licenciatura en teología en la Universidad Cristiana, en donde se graduó en 2014. En la actualidad es madre de 15 hijos, incluidos tres biológicos, dos de ellos de un cliente, y 12 adoptados cuyas madres biológicas son trabajadoras sexuales que pretendían abortarlos.

Ahora, después de una década de activismo y de haber sido regidora (concejal) en Haina desde 2010, espera aprovechar sus experiencias para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde el Congreso de República Dominicana.

Confía que con su propia historia, narrada en un libro que recopila biografías de trabajadoras sexuales, va a concientizar a los diputados y al país sobre la crudeza del trabajo sexual y hacerles entender que las prostitutas "no llevan una vida alegre, que una no elige para gozar; sino que es una vida terrible".

Sus proyectos

Montero, quien alcanzó la diputación por la provincia San Cristóbal como candidata del Partido Revolucionario Moderno, convertido tras los comicios de mayo pasado en la segunda fuerza política de la nación, trabaja en la actualidad en dos proyectos de ley para promover los derechos de las prostitutas y para crear oportunidades laborares a las mujeres jóvenes a fin de evitar que se involucren en el trabajo sexual. O para que quienes ya lo ejercen, puedan dejarlo con la garantía de tener una posibilidad de empleo.

"Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan seguridad social, seguro médico" y sean beneficiarias de los programas gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que prepara.

En otro proyecto, Montero propondrá crear centros de capacitación laboral y de asistencia legal y psicológica para que las trabajadoras sexuales puedan buscar nuevas opciones y dejar la prostitución.

El proyecto se basa en los programas que Montero comenzó a desarrollar como regidora y a través del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), una organización no gubernamental (ONG) que ella preside, con financiamiento de donaciones de organizaciones religiosas e internacionales y el apoyo de instituciones del Gobierno.

La nueva diputada será la encargada de presentar un proyecto de ley coordinado por la institución del Gobierno encargada del VIH para prohibir y penalizar la discriminación contra grupos vulnerables, como la comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales), los trabajadores sexuales, los envejecientes y las personas con sida.

Polémica inevitable

Montero es consciente de que aún enfrenta el estigma de una sociedad mayoritariamente religiosa y conservadora, y que los proyectos de ley que presentará en el Congreso crearán polémica.

El pastor Fidel Lorenzo, presidente de la asociación de iglesias evangélicas, advirtió que su agrupación se opondrá a un proyecto de ley que conceda derechos laborales a las prostitutas porque sería reconocer legalmente el trabajo sexual. "Siempre que estén optando por legalizar esa práctica, aunque sea nociva a la propia salud emocional de la persona, no creo que estemos yendo por buen camino y obviamente no vamos a estar de acuerdo", aseguró el líder religioso.

El trabajo sexual en República Dominicana no está regulado, y un vacío legal permite que una persona se prostituya sin que se considere un delito. En cambio la explotación sexual, el proxenetismo y la trata de personas sí están penalizados.

Aunque no existen cifras oficiales, un informe de la organización Tú Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó en 2013 que el país caribeño ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial como país de origen de mujeres que son prostituidas en otras naciones.

Diversas organizaciones locales estiman que cerca de 200.000 dominicanas se prostituyen dentro o fuera del país, y se enfrentan a la discriminación en centros de salud y al tratar de insertarse en empleos formales.

Por Ezequiel Abiu Lopez – AP