La Justicia ordenó extraditar a Colombia al “argentino de las FARC”, acusado de secuestro y homicidio

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó la extradición a Colombia de Facundo Morales Schoenfeld, un argentino ex integrante de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusado de rebelión armada contra el gobierno colombiano, por el secuestro y privación ilegal de la libertad de un concejal y por el asalto, robo de armamento y el crimen de cuatro integrantes de una patrulla policial.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado aceptó el pedido de extradicción de la justicia de Colombia y dispuso que cuando su resolución quede firme, la Cancillería argentina le requiera a Colombia que garantice las condiciones de detención de Morales Schoenfeld, de 46 años, que fijan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, de modo que se preserve su vida y seguridad personal.

Morales Schoenfeld se unió a las FARC en 2002 y comenzó a integrar la columna Teófilo Forero. Con el sobrenombre Camilo Fierro, era conocido como “El Argentino” e integró la organización guerrillera hasta 2017, cuando la abandonó tras los procesos de paz que se habían iniciado un año antes; pero previamente, Morales Schoenfeld había sido degradado de la organización.

“El Argentino” fue uno de los que objetó ese proceso porque entendía que no se iba a cumplir y que el gobierno de Colombia lo único que buscaba era matar y encarcelar a los militantes de las FARC.

Volvió a la Argentina y estuvo en 2019 en Bolivia cuando cayó Evo Morales. En una manifestación recibió tres tiros, estuvo internado y luego permaneció un año preso hasta que en 2020 fue repatriado a Argentina. Pero Morales Schoenfeld tenía vigente una circular roja de detención de Interpol por orden de la justicia de Colombia. Por esa orden, en noviembre del año pasado fue detenido en Chubut y se inició su proceso de extradición.

Colombia hizo el reclamo por tres hechos: el primero, por el delito de rebelión armada como integrante de las FARC entre 2004 y 2016; el segundo, por el secuestro del concejal José Armando Acuña Molina, ocurrido el 29 de mayo de 2009 hasta el 11 de febrero del 2011, cuando fue liberado. Molina fue secuestrado durante la toma del palacio municipal cuando integrantes de las FARC se vistieron de militares colombianos y mataron a cuatro personas e hirieron a dos. Por ese hecho, Molares Schoenfeld está acusado de haber sido una de las personas a cargo de la custodia de Acuña Molina en la última etapa de su secuestro y de haber participado en su liberación.

La tercera acusación es por el asalto el 3 de noviembre de 2010 a una patrulla policial en la que los integrantes de las FARC robaron armamento y asesinaron a cuatro de sus integrantes.

El juez Otranto analizó los casos y aceptó la extradición de Molares Schoenfeld por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado agravado por el secuestro del concejal Acuña Molina y por el ataque a la patrulla policial.

En tanto, rechazó por improcedente la acusación de rebelión y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de terrorismo y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública.

En la audiencia en la que Otranto dio su veredicto, adelantó oralmente los fundamentos de la decisión que se conocerá este jueves. El magistrado explicó que debe haber una compatibilidad entre los delitos que establece la ley de Colombia con los de Argentina en caso que el acusado sea juzgado por esos hechos en nuestro país.

Así, el juez señaló que el delito de utilización ilegal de distintivos e insignias por el uso del uniforme militar de las FARC no está contemplado en la Argentina y lo rechazó. Lo mismo con la calificación de terrorismo aplicada en Colombia a los homicidios en el ataque a una patrulla policial porque, cuando ocurrió el hecho, en la legislación argentina todavía no se había incorporado esa calificación como una circunstancia agravante aplicable a cualquier delito cometido con la finalidad de aterrorizar a la población.

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