Los gobiernos rivales de Libia se unieron para decir que rechazarían las deportaciones de Estados Unidos, ya que los informes de un inminente vuelo militar estadounidense que transportaba migrantes provocaron críticas en el país norteafricano el miércoles.
El traslado de deportados estadounidenses a Libia marcaría una expansión significativa del ya agresivo programa de deportación de la administración Trump, que ha enviado a cientos de personas a países de América Latina y a un número mucho menor a África y Asia Central, a pesar de los desafíos legales altamente cargados en los tribunales estadounidenses.
Reuters informó esta semana que la administración Trump estaba considerando deportar migrantes a Libia por primera vez, con un vuelo militar que se espera que salga tan pronto como el miércoles.
“Libia se niega a ser un destino para la deportación de migrantes bajo cualquier pretexto”, escribió Abdul Hamid Dbeibeh, primer ministro del gobierno con sede en Trípoli, en las redes sociales el miércoles, añadiendo que cualquier acuerdo realizado por “entidades ilegítimas” no vincula al Estado libio.
Un gobierno separado que controla el este de Libia, dirigido por el general convertido en caudillo Jalifa Hifter, también emitió una declaración rechazando la idea de aceptar deportados de Estados Unidos.
Aunque unánimes en negar los informes, los partidarios locales de los dos gobiernos se acusaron mutuamente de apoyar las deportaciones estadounidenses en publicaciones en las redes sociales.
El Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declinaron hacer comentarios y remitieron las preguntas a la Casa Blanca. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que no podían hablar del asunto por motivos de seguridad. El funcionario se negó a decir si el plan estaba en marcha.
Preguntado el miércoles sobre los informes de un vuelo de deportación a Libia, el presidente Donald Trump dijo que no sabía nada al respecto y remitió al reportero que hizo la pregunta al Departamento de Seguridad Nacional.
Libia marcaría un destino radicalmente diferente para las deportaciones estadounidenses. El Departamento de Estado actualmente desaconseja todo viaje allí, citando el riesgo de “crimen, terrorismo, minas terrestres sin explotar, disturbios civiles, secuestros y conflictos armados.”
La ubicación del país en el mar Mediterráneo le ha otorgado un controvertido papel como centro de tránsito migratorio en los últimos años. El año pasado, el Departamento de Estado calificó las condiciones en las cárceles y centros de detención libios de “duras y potencialmente mortales” y señaló que los inmigrantes no tenían acceso a los tribunales ni al debido proceso.
Los grupos de derechos humanos han criticado duramente la situación de los migrantes devueltos a Libia, que Amnistía Internacional calificó de “infernal” en 2022.
La situación política del país está profundamente dividida y es extremadamente frágil, maltratada por más de una década de guerra y carente de una autoridad política central.
El Gobierno de Acuerdo Nacional, respaldado por las Naciones Unidas, gobierna parte del país desde la capital, Trípoli. Hifter, libio-estadounidense, dirige una coalición de facciones y milicias denominada Ejército Nacional Libio. Controlan amplias franjas del este del país, incluidos gran parte de los yacimientos petrolíferos.
Saddam Hifter, hijo de Khalifa, visitó Washington la semana pasada. Hifter se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el asesor principal Massad Boulos, suegro de Tiffany Trump, según un comunicado del Departamento.
En ese momento, los funcionarios de la administración dijeron que su reunión no incluyó la discusión de las deportaciones, sino que se centró en las oportunidades comerciales relacionadas con el sector del petróleo y el gas de Libia.
(c) 2025, The Washington Post
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