
Los republicanos del Senado aprobaron un plan en la madrugada del viernes para gastar 350.000 millones de dólares para pagar la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump, las medidas de seguridad fronteriza y las inversiones militares.
La votación pone en marcha el proceso de reconciliación presupuestaria, un arcano conjunto de maniobras que permiten al Partido Republicano sortear a los obstruccionistas demócratas. Se prevé, sin embargo, una pelea cada vez más intensa con los republicanos que controlan la Cámara, que está llevando a cabo su propia legislación para unir todas las prioridades de Trump en un solo paquete masivo -o, como el Presidente ha comenzado a llamarlo, un “proyecto de ley grande y hermoso”-.
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El proyecto de ley, redactado por el presidente del Comité Presupuestario del Senado, Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur), permitiría a los rojos apuntarse “victorias tempranas” al inicio del mandato de Trump, y podría aprobarse esta primavera. Incluye 175.000 millones de dólares en nuevos gastos para el muro de Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y la ampliación de los centros de detención de inmigrantes, y 150.000 millones de dólares para reforzar las cadenas de suministro y las reservas de misiles del ejército y mejorar los sistemas de defensa aérea y antimisiles.
El GOP está considerando compensar el nuevo gasto dando luz verde a proyectos adicionales de combustibles fósiles y recortando el gasto en programas de la red de seguridad social.
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El Senado votó en su mayoría en consonancia con la línea del partido, 52 a 48, para aprobar la legislación después de casi 10 horas de votaciones sobre enmiendas, muchas de las cuales los demócratas ofrecieron para obligar a los republicanos a oponerse a medidas que pudieran parecer políticamente simpáticas.

El senador Rand Paul (de Kentucky), uno de los principales halcones del gasto del Partido Republicano, se unió a los demócratas para oponerse a la aprobación final de la resolución subyacente.
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Según el plan del Senado, los legisladores abordarían un segundo proyecto de ley de reconciliación a finales de este año para renovar las partes que expiran de los recortes de impuestos de Trump de 2017.
Esa ley redujo las tasas para las empresas y los individuos de casi todos los niveles de ingresos, pero concentró la mayor parte de los beneficios entre las corporaciones y los ricos.
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Los recortes de impuestos a las empresas son permanentes pero las partes individuales expiran a finales de 2025, lo que significa que los estadounidenses se enfrentarían a un gran aumento de impuestos sin la acción del Congreso.
La Cámara de Representantes quiere tratar de integrar la legislación fiscal con todo lo demás. Se espera que aborde la cuestión la próxima semana.
© 2025, The Washington Post
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