Mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez anuncia el “renacimiento” de Venezuela tras el doblete sísmico del 24 de junio, en el estado La Guaira -el más afectado por el cataclismo- denuncian que la destrucción se profundiza.
“Los edificios que pueden ser reparables están siendo desvalijados y destruidos ante la desidia. ¿Por qué no se atiende esta situación de manera inmediata? Los costos económicos y el sufrimiento de la gente será mayor si no se resguarda y reconstruye lo poco que quedó en pie”, expresó a través de X la abogada Liliana Ortega, histórica defensora de Derechos Humanos en el país.
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Ortega manifestó que “las familias de Playa Grande, La Guaira, no podemos seguir enfrentando el miedo a los saqueos y la inseguridad después de haber perdido la tranquilidad de nuestros hogares por el terremoto”.
La reputada activista social advierte que “edificios que podrían ser reparados están siendo desmantelados por la inseguridad y la desidia del Estado”. A casi cinco meses de la tragedia que cobró la vida de más de 6 mil personas, la experta legal solicita a las autoridades “medidas efectivas de vigilancia y protección” del patrimonio de las familias.

“Si la propiedad privada no está garantizada para las víctimas que han perdido casi todo, cómo se pretende dar un mensaje a los inversionistas que vengan al país a colocar su capital. Hasta cuándo tanta desidia e indolencia”, cuestionó Ortega.
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En respuesta a estos mensajes, la directora de la Cámara de Comercio de La Guaira, Cipriana Ramos, indicó que los saqueos no se registran únicamente en la zona de Playa Grande. “Está ocurriendo en Las Quince Letras -parroquia Macuto-. Están rompiendo las paredes”, aseguró Ramos.
En el aire
Ortega también llamó la atención sobre la tardanza de las segundas inspecciones a los inmuebles “supuestamente reparables”, destacando que o “no se hacen o no dan los resultados”. Esta revisión es clave para determinar la intervención que requiere un inmueble en caso de que pueda ser recuperado.

“Hay edificios que pueden ser reparados y al lado hay otros que se están cayendo haciendo más daño sobre el daño. Más dolor sobre el dolor. La seguridad y la propiedad son derechos. Total desidia e indolencia”, lamenta.
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La defensora de DDHH apunta que “las autoridades tienen la obligación de garantizar vigilancia, seguridad y protección de los inmuebles afectados. La emergencia no puede convertirse en una oportunidad para la delincuencia”.
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