La Fuerza Armada de Venezuela se suma a la reforma penal: instalan mesas de consulta en Fuerte Tiuna

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se incorporó a la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal con mesas de trabajo en Fuerte Tiuna. La jornada, encabezada por el fiscal general y secretario ejecutivo de la comisión presidencial, Larry Daniel Devoe Márquez, y el ministro de la Defensa, Gustavo González López, puso sobre la mesa una promesa de modernización frente a fallas que las propias autoridades reconocen como persistentes.

El encuentro, celebrado en el Teatro del Ministerio de la Defensa, reunió a funcionarios que han ocupado cargos clave en la administración de justicia ordinaria y militar bajo Nicolás Maduro y, ahora, Delcy Rodríguez. La consulta quedó así en manos de actores del mismo aparato institucional cuyo funcionamiento se propone revisar. En este momento en Venezuela la mayor cantidad de presos políticos son militares.

Participaron también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; el defensor público general, Daniel Augusto Ramírez Herrera; el ministro del Servicio Penitenciario, Julio César García Zerpa; el diputado y exministro Jorge Alberto Arreaza Montserrat; el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), MG Rubén Darío Belzares Escobar; el presidente de la Corte Marcial y del Circuito Penal Militar, general José Daniel Gonzalo Maldonado; y el fiscal general militar, general Elías Plasencia Mondragón.

En la bienvenida, el ministro de la Defensa, general Gustavo Enrique González López, destacó el papel de la institución castrense como auxiliar de la justicia ordinaria y administradora de la justicia militar. “Vamos a corregir lo que se tiene que corregir porque eso es uno de los actos más elevados de democracia”, manifestó, según publicó en redes sociales.

El titular castrense sostuvo que la transformación debe construirse desde las bases y mediante la articulación de las instituciones del Estado. En una publicación, se refirió a un sistema judicial “eficiente y profundamente humano” como pilar de la paz y del “renacer de la Patria”. Sus declaraciones enfatizaron los objetivos de la reforma, sin detallar medidas concretas.

El fiscal Larry Devoe Márquez defendió una reforma ajustada a las necesidades de la sociedad venezolana, sin reproducir modelos importados. Aseguró que la consulta incluirá a todos los sectores, sin exclusiones, y afirmó que existe consenso sobre la necesidad de cambiar el sistema. “Todos los sectores de la vida nacional coinciden en que es necesario transformar profundamente el funcionamiento de la justicia”, expresó. Esa coincidencia fue presentada como una valoración del fiscal.

Las fallas

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, señaló que el máximo tribunal y la justicia penal militar revisan su estructura normativa e institucional en el marco de la Ley Orgánica. Indicó que preparan una resolución de la Sala Plena para atender las necesidades de la jurisdicción militar y ajustarla al ordenamiento vigente. “Tiene que ser un trabajo de comunicación constante, un trabajo de encuentro permanente”, sostuvo. En lo expuesto no precisó el contenido ni el plazo de esa resolución.

Jorge Arreaza destacó el alcance territorial de la consulta y el diálogo con las personas privadas de libertad y sus familiares en los centros penitenciarios. Calificó de innovador que las autoridades escuchen a quienes están procesados o cumplen condena.

El diputado defendió la necesidad de “escuchar a todos los actores” y valoró las visitas del fiscal general a los centros penitenciarios. “Eso es hasta paradójico, que el acusador entre donde están las personas que están procesadas o que están ya condenadas y entre en diálogo con ellos”, afirmó.

Arreaza vinculó ese diálogo con la revisión y rectificación del rumbo bajo el marco constitucional. “Hay que escucharnos porque siempre hay cosas: el diagnóstico y la rectificación”, dijo. Añadió que el nuevo momento político exige una reflexión también en el ámbito militar.

El reconocimiento más explícito de las fallas provino del defensor público general, Daniel Ramírez, quien admitió una deuda con la nación y cuestionó la persistencia de prácticas del proceso escrito. “Cuando entró en vigor el Código Orgánico Procesal Penal, soñamos con un proceso acusatorio, oral, público, que termine en un tiempo oportuno, pero la realidad hoy es que tenemos los mismos expedientes, los mismos folios y, en muchos casos, el mismo proceso escrito”, lamentó.

Según su diagnóstico, después de 27 años sigue pendiente la aspiración de una justicia oportuna, eficiente, transparente, autónoma e independiente.

Ramírez Herrera respaldó la creación de la Comisión Presidencial por parte de la presidenta interina, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y aseguró que sus integrantes están comprometidos con corregir las fallas del sistema. Su apoyo a la nueva instancia contrastó con el diagnóstico que acababa de exponer: la distancia entre el modelo procesal prometido y las prácticas que, según reconoció, todavía persisten. El desafío de la consulta será traducir los anuncios de rectificación en cambios verificables, más allá de las declaraciones de compromiso.

Los funcionarios

El fiscal general de la República Larry Devoe, bajo el gobierno de Hugo Chávez, se encargó de la división de Atención al Ciudadano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). También fue asesor y agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el servicio jurídico de la Defensoría del Pueblo. Luego de que Nicolás Maduro llegara al poder, Devoe fue designado por el entonces vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y luego director general de consultoría jurídica de la vicepresidencia. Y formó parte de la delegación de Nicolás Maduro en la Mesa de Diálogo en Barbados.

El general González López, antes de ser ministro de la Defensa, fue nombrado por Delcy Rodríguez como director de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). Durante nueve años, desde 2014 y en dos períodos, fue jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que tiene a cargo los centros de reclusión y tortura El Helicoide y La Tumba. Además, fue ministro del Interior y Justicia entre 2015 y 2016.

Jorge Arreaza ingresó al poder de la revolución al casarse, en 2007, con Rosa Virginia Chávez, la hija mayor del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo que le permitió ocupar cargos como presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho).

Antes de su fallecimiento, el mandatario nombró a su yerno ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (2011–2013) y titular de otras carteras ministeriales y del ALBA. Con Nicolás Maduro en el poder, Arreaza fue durante tres años vicepresidente ejecutivo y cuatro canciller de Venezuela. Ahora es diputado de la Asamblea Nacional.

Rodríguez Rodríguez fue nombrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en enero de 2024, luego de ser magistrada desde 2022. Es una declarada defensora de la revolución bolivariana, afiliada al Movimiento Quinta República (MVR) que dio paso al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue concejal y presidenta de la Cámara Municipal y alcaldesa interina de Caracas en 2021.

En 2023 suspendió los resultados de las elecciones primarias ganadas por María Corina Machado con más del 90% de los votos. Y fue la encargada de leer la sentencia que convalidó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaraban ganador a Nicolás Maduro, sin la presentación de las actas de votación que se hicieron públicas por sectores opositores.

Ramírez Herrera tiene a su cargo la Defensa Pública, uno de los brazos utilizados por el régimen venezolano para imponerle a presos políticos defensores públicos que se limitan a obedecer las órdenes del régimen, como lo ha testificado gran cantidad de familiares y expresos políticos a quienes se les negó la defensa privada.