
Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela) concluye que 61,7% de la población del país, unas 17,7 millones de personas, viven en “desiertos informativos”, esto es, zonas “donde acceder a información verificada, plural e independiente y sostenida en el tiempo sobre la realidad más próxima es, en el mejor de los casos, un privilegio intermitente”.
“El derecho a saber lo que ocurre en la propia comunidad no está garantizado en buena parte del territorio venezolano, en pocas palabras porque la prensa cuenta con lo mínimo para seguir llamándose como tal”, recoge IPYS-Venezuela en su informe titulado “Desiertos de Noticias Locales en Venezuela”.
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El análisis evaluó a 548 proyectos periodísticos en 366 municipios y parroquias de los 24 estados de la República. El balance identifica 104 unidades como “desierto” (condiciones insuficientes para el ejercicio del periodismo profesional) y otras 200 como “semidesierto” (condiciones frágiles).
De los 104 municipios catalogados como “desiertos informativos”, 51 tienen entre 25 mil y 100 mil habitantes, evidenciando que no se trata de un “fenómeno exclusivamente rural o de pueblos remotos”, sino que también impacta a ciudades intermedias, expone IPYS-Venezuela.
Disminuidos
Casi la mitad de estos proyectos periodísticos (46,5%) tiene apenas de uno a tres periodistas profesionales, sólo 18,4% dice dedicarse a “la investigación y la vigilancia al poder”, al tiempo que la mayoría (53,8%) reconoció incurrir en prácticas de autocensura y 21,9% denuncia censura directa.
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IPYS-Venezuela señala que estas estadísticas “más que un problema de mercado, modelo de negocio o de infraestructura mediática, lo que describen es un problema de salud democrática”.

Subraya que “cuando la información desaparece o se reduce a la versión oficial sin contraste, disminuye la posibilidad de que la ciudadanía ejerza la contraloría sobre el poder que más directamente incide en su vida cotidiana”.
Del total de periodistas consultados, “95,8% admitió haberse autocensurado por miedo durante 2025”, mientras “8 de cada 10 retiraron su firma de los contenidos que producían y casi 9 de cada 10 redujeron la cobertura presencial en favor del trabajo remoto”.
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Miedo justificado si se recuerda que en el marco de la represión desatada por Nicolás Maduro el año pasado, unos 25 comunicadores terminaron tras las rejas formando parte de los más de 2 mil presos políticos que había en el país.
Débiles
En cuanto al origen de los recursos para sostener estos proyectos, 66,8% mencionó como principal fuente de ingresos la publicidad, 30,1% responde a contenido patrocinado, 5,1% sobrevive gracias al apoyo internacional y 6,2% confesó no contar con financiamiento.
La tendencia apunta al uso de plataformas como Instagram (90,9%), Facebook (65,3%) y TikTok (46,4%) para difundir los contenidos, fórmula que también servía para eludir la censura impuesta contra las páginas informativas.
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“Migrar a redes sociales es también una manera de sortear el bloqueo técnico directo a un dominio propio, aunque esto exponga al medio a depender de plataformas que no controla y que pueden suspender sus cuentas sin aviso”, expone IPYS-Venezuela.
La exploración refleja un país “mayoritariamente sumergido en la categoría de desierto de noticias, sostenido por medios institucionalmente frágiles y económicamente inestables, con la autocensura como principal mecanismo de restricción”.
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