
Se activó un nuevo cedazo para la elección de los miembros de la cúpula del Poder Judicial de Venezuela.
La mesa de diálogo entre el régimen chavista y la oposición anunció la instalación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que tiene como fin constatar que los candidatos a magistrados cumplan los requisitos formales establecidos en la Constitución.
PUBLICIDAD
El Consejo no está contemplado en el ordenamiento legal venezolano. Surgió en el marco de los acuerdos alcanzados por oficialistas y opositores, bajo el auspicio de Estados Unidos, como una manera de equilibrar la balanza y servir de ente “espejo” frente al Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista.
Compuesto por siete miembros, la delegación opositora públicamente ha destacado la participación de cuatro juristas de amplia trayectoria: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea. Los otros tres vinculados con el gobierno interino de Delcy Rodríguez son Silio César Sánchez, Federico Sebastián Fuenmayor y Deyanira Nieves, quien fue magistrada de la Sala Penal del TSJ.
PUBLICIDAD
“Avanza el proceso de designación de los nuevos magistrados del TSJ, fruto de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones. Estamos trabajando para transformar el sistema de justicia y construir un Poder Judicial independiente. Lo que parecía imposible comienza a hacerse realidad”, subrayó Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación opositora.
Candidatos
El Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, ha recibido hasta la fecha los recaudos de 260 abogados que aspiran a incorporarse al máximo juzgado del país. El proceso concluye el 11 de noviembre. Al final, el Parlamento tendrá que juramentar a 32 principales con sus respectivos suplentes.
PUBLICIDAD
Entre quienes han puesto su nombre sobre la mesa destacan Jesús María Casal y Juan Carlos Apitz. Casal fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), consultor jurídico de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2019 de mayoría opositora, y presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que dirigió el proceso para escoger al abanderado presidencial de la oposición en 2023.

En 2003, Apitz se desempeñaba como magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, hasta que el régimen chavista lo removió y eliminó ese tribunal. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que ese procedimiento fue irregular y ordenó la reincorporación de Apitz, cosa que jamás ocurrió. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
PUBLICIDAD
“Queremos que se postulen los mejores juristas de Venezuela, necesitamos una convocatoria amplia, plural y exigente, la transformación democrática de la justicia requiere el talento de todos”, enfatizó Matheus.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Afirman que la industria manufacturera de Venezuela opera al 51,3% de su capacidad
Conindustria prevé que el PBI cerrará el año con un alza de 6,5% y anticipó un 2027 con mayor expansión. Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció 80 acuerdos en hidrocarburos

Denuncian hacinamiento, falta de atención médica y corrupción en cárcel de mujeres en Venezuela
Las reclusas tendrían que pagar a cambio de tener acceso a alimentos de mejor calidad, mientras se limitan las visitas de sus hijos, según reportó el Observatorio Venezolano de Prisiones

Desmienten a Jorge Rodríguez y afirman que siguen bloqueados 140 dominios de internet en Venezuela
Organizaciones de la sociedad civil exigen derogar la Ley contra el Odio y advierten que la reforma promovida por la presidenta encargada mantiene graves restricciones a la libertad de expresión
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate la reforma de la ley contra el odio
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión de la norma y las sustituye por multas y trabajo comunitario. El proyecto responde a una solicitud que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió al Parlamento el 29 de septiembre

Estiman que entre 350 mil y 420 mil adultos mayores viven solos en Venezuela
Informe de ONG Convite concluye que aumenta el número de personas de la tercera edad que trabajan, mientras la mayoría admite que sus ingresos no son suficientes




