La primera vicepresidenta de la patronal Fedecámaras, Tiziana Polesel, manifestó su preocupación por la presión tributaria que ejercen desde gobernaciones y alcaldías, advirtiendo que esta situación empuja a comerciantes y empresarios a la informalidad para continuar con sus negocios.
“Allí hay unas tasas, unos tributos, que están pesando muchísimo al empresariado y sentimos que desde algunas alcaldías y gobernaciones no se está llevando a cabo un análisis de lo que puede pagar el sector empresarial”, señaló la dirigente gremial.
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Polesel afirmó que el aumento de los impuestos regionales y municipales provoca “el incremento de la informalidad, pues el formal tiene la tentación de irse a la informalidad y el informal no tiene estímulos para formalizarse”.
La representante de Fedecámaras exhortó a alcaldes y gobernadores “a que se sienten a conversar con las cámaras de comercio y de industriales de cada entidad”, para conocer la realidad que enfrentan los contribuyentes. “Tenemos que ver como generamos unos tributos que sean racionales”, planteó.
Empresarios y comerciantes llevan años con el mismo reclamo. Con la intención de corregir la situación, en 2023 se promulgó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Allí se recalca que en esas entidades territoriales “únicamente podrán crear, organizar, controlar y recaudar los tributos que le están asignados por la Constitución”.
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La norma establece que los impuestos estadales y municipales no podrán convertirse “en obstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional”. Sin embargo, la patronal denuncia que la situación no ha sido corregida.
Persecución
El presidente de Fedecámaras del estado Zulia, Paúl Márquez, cuestionó el mecanismo de recaudación que está aplicando la alcaldía de la capital Maracaibo.
“Rechazamos un método de cobro que desconoce las ordenanzas, crea deudas que no existían, impide declarar y pagar correctamente y trata como evasores a quienes, pese a las dificultades económicas, mantienen sus puertas abiertas y sostienen el empleo”, indicó Márquez, vocero del sector privado en una de las regiones más golpeadas por la crisis del servicio eléctrico en el país.
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Los empresarios también criticaron que las autoridades ejecuten fiscalizaciones a los comercios utilizando a los cuerpos de seguridad, pues consideran “inaceptable la estigmatización del sector productivo y la exposición pública de empresas sin que medie un procedimiento administrativo concluido con decisión firme”.
“Si hay alguna inconformidad con alguna empresa privada, con alguna industria sobre su situación tributaria, existe un procedimiento tributario para convocar a esa empresa de manera privada”, sostuvo Márquez, quien enfatizó: “Queremos seguir pagando impuestos, pero con respecto a la capacidad del contribuyente”.
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