
Como una advertencia ignorada cataloga el tecnólogo naval Eduardo José Yaguaracuto Amaricua, quien se presenta como trabajador indígena de la estatal petrolera venezolana “porque no tengo despido alguno”. Le dice a Infobae que al descubrir y denunciar pérdidas en PDVSA GAS, en el 2006, por mil 700 millones de dólares solo en Oriente, ha significado cárcel, persecución y denegación de justicia.
A esa cifra hay que agregar, según dice, lo que ocurría en Zulia y el centro del país. “Certificamos que había válvulas en una planta que operaban en el centro y esa válvula no existía. Cuando se suma, además del gas, gasolina y todos los demás procesos, pasa los 18,000 millones de dólares anuales constante sin parar”. Ha pasado 20 años desde entonces.
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El 23 de mayo 2026, Eduardo José Yaguaracuto Amaricua, indígena venezolano y trabajador de Petróleos de Venezuela (PDVSA), se entrevistó con el comisario Jorge González, de la División de Legitimación de Capitales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). El 8 de junio le remitió una comunicación con los que considera elementos probatorios de la causa BP-1-P-2022-6742, derivada de la investigación que, afirma, adelanta desde hace años en la estatal petrolera.
“Lo que parece un expediente es, en realidad, la prueba de una advertencia ignorada de forma consecutiva”, asevera. Desde 2006 se vienen denunciando irregularidades y pérdidas de hidrocarburos que golpearon a PDVSA y al país.
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Un robo gigantesco
Yaguaracuto Amaricua, tecnólogo naval domiciliado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, estaba adscrito a la Gerencia General de Refinación Oriente, en el departamento de Seguridad Integral. “Ingresé a la empresa el 29 de diciembre de 1999, asignado a la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, hoy llamada Dirección de Seguridad Integral (DSI), con el cargo de Supervisor de Protección Industrial, responsable de proteger los activos de PDVSA”, relata.

Según su testimonio, en 2005 fue asignado al proyecto de control de mermas y pérdidas y lideraba la iniciativa en la región Oriente. “Mi función era detectar los estados de pérdida, robo, mermas, todo lo que tenía que ver con eso, y me percato de la pérdida, solamente en gas, de 1.700 millones de dólares. Facultado para eso abro una investigación. Al sumar todo llegamos a unos 18 mil millones de dólares en pérdidas en todos los productos”, afirma.
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Explica que el Proyecto de Control de Mermas y Pérdidas Gas Oriente fue diseñado para cuantificar y mitigar la diferencia de volumen de hidrocarburos entre lo producido y lo realmente despachado.
Se estructuró en tres pilares de diagnóstico y adecuación tecnológica, entre ellos la clasificación de las variaciones volumétricas: pérdidas operacionales (derrames o fallas en sistemas de drenaje), mermas físicas (evaporación por diferencias de presión atmosférica o pérdidas por mezclado) e incertidumbre de medición (márgenes de error en la instrumentación).

Como respaldo técnico, Yaguaracuto utilizó el Proyecto Automega PDVSA, denominado Automatización de las Mediciones de Gas, iniciativa estratégica creada por PDVSA junto con el entonces Ministerio de Energía y Minas. Su propósito era modernizar, estandarizar y automatizar los sistemas de medición de gas natural en las áreas de producción, principalmente en el oriente del país.
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“Para realizar toda esta experticia y diagnóstico conté con el apoyo de los ingenieros Andrés González y Cindy Rondón, representantes de la empresa contratista Praxis, la cual efectuó en PDVSA todas las auditorías y recaudación de elementos técnicos de este Proyecto Automega, que comprueban las graves desviaciones en materia de pérdida y robo continuado e incuantificable de hidrocarburos”, sostiene.
La detención
Yaguaracuto afirma que esas desviaciones solo pueden detenerse si se cumplen las recomendaciones contenidas en los informes que presentó ante PDVSA, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, “donde se expone una multimillonaria suma de inversiones que realizó PDVSA para contrarrestar esta estafa de hidrocarburos”.
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Asegura, además, que envió todos los informes a sus supervisores mediante el correo electrónico asignado por la Gerencia de Automatización Informática y Comunicación de la Gerencia General de Refinación Oriente.
Secuestro, juicio y desaparición de la denuncia
Relata que existía un proceso ante la Defensoría del Pueblo para resguardar los derechos de los trabajadores del proyecto. “La Defensora había firmado un acuerdo con PDVSA y con nosotros, pero la gerencia de refinación no lo respetó y me detienen”, dice.

Según su versión, en 2006 fue víctima de “un proceso de secuestro” en el que habrían participado la gerencia de refinación, su patrono, un juez, un fiscal y policías: “Me hacen un juicio falso y me detienen como si fuera un criminal”.
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La denuncia sobre las mermas pasó al Ministerio Público, donde se inició el proceso, “pero después la desaparecieron”. Cuando Rafael Ramírez y Luisa Ortega Díaz salieron del país, indica, se logró derivar el caso y se abrió una investigación en la Fiscalía 19, competente en Derechos Humanos. Tras consignar su carné, constancias de pago y los informes técnicos, el caso pasó de esa fiscalía a un departamento científico del Ministerio Público en Puerto La Cruz y luego a la Fiscalía Quinta, de casos de corrupción.
Expediente trasladado
“Se inicia la investigación con mi patrón para determinar mi calidad de trabajador y verificar todo lo que yo estoy diciendo. La gerencia, para desaparecer las huellas, empieza a responder sobre todo menos sobre mí, y es lo que expongo en tribunales y Ministerio Público”, afirma.
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Tras cuatro años de presión, sostiene, la fiscalía concluyó a favor de “su victimario”. En 2022, el fiscal quinto de Puerto La Cruz, Jorge Salazar, solicitó el sobreseimiento de la causa “para encubrir a mis victimarios” y opacar la denuncia contra la Gerencia General de Refinación Oriente. “Luego la jueza quinta de Control de Anzoátegui, Raquel Castillo, declaró desaparecido el expediente BP-1-P-2022-6742”, denuncia.

El expediente reapareció luego de una denuncia ante la Inspectoría General de Tribunales (IGT), aunque se le negó el acceso y se le impidió hacer diligencias. Tras una nueva denuncia ante la IGT, el tribunal debió permitirle revisar el expediente, y así pudo exponer la presunta prevaricación de la Fiscalía Quinta y oponerse al sobreseimiento.
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La jueza de control de Anzoátegui Isneida Guerrero negó el sobreseimiento y envió el expediente a la Fiscalía Superior de Puerto La Cruz, que lo remitió a la Fiscalía 53 Plena Anticorrupción, en Caracas.
“La violación del debido proceso, el retardo procesal y la denegación de justicia a la tutela judicial efectiva me obligaron a solicitar el control judicial de la causa al Tribunal Segundo de Control Penal de Anzoátegui, pero no aparecen los escritos que consigné”, denuncia.
Denuncias ante el CICPC
Según Yaguaracuto, la Fiscalía 53 se niega a responder sus peticiones de celeridad para el “cese de la corrupción de hidrocarburos” y para que se le otorguen “las debidas medidas legales de protección social e integral como víctima”. Afirma que el fiscal auxiliar Joshue Páez le ha negado el acceso al expediente.
Por ello denunció ante el CICPC al fiscal 53, Edgar Enrique Millan Gil, a quien acusa de ocultar el expediente, y al juez Nelson Antonio Mejía, hoy presidente del Circuito Judicial Penal del estado Sucre, quien, según indica, era juez en Anzoátegui cuando fue detenido ilegalmente. También denunció a dos juezas: una fue secretaria del juez y la otra manejaba los expedientes en el tribunal.
Asevera que altos funcionarios judiciales, de seguridad e inteligencia “participaron en actos de corrupción” contra sus compañeros de PDVSA Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, “quienes fueron encarcelados siendo inocentes, como retaliación por denunciar corrupción con hidrocarburos de gerentes de PDVSA”.
Alerta sobre la inacción y falta de respuesta del CICPC ante sus denuncias contra el presidente del Circuito Judicial Penal del estado Sucre y la jueza de control que lleva la causa, así como sobre la omisión de la Inspectoría General de Tribunales, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia. “Colocan en grave riesgo mi vida e integridad y dejan sin control efectivo las irregularidades denunciadas en PDVSA”, afirma en la conversación con Infobae.

Una lucha que continúa
A su juicio, la inacción frente a las desviaciones de hidrocarburos y las trabas en el aparato de justicia, desde el manejo de la causa y las dificultades de acceso a las actas hasta la prevaricación de funcionarios, las dilaciones entre instancias y la falta de protección efectiva a la víctima, no solo vulneran garantías y el debido proceso, sino que profundizan el deterioro económico, debilitan la soberanía y fracturan la confianza social.
Yaguaracuto, de la etnia cumanagoto, dice que lo ocurrido no los detiene. “Nos obliga a profundizar las propuestas y seguir luchando. Este escenario no pertenece solo al archivo: sigue ocurriendo en tiempo presente y es causa directa de los daños que afectan a los trabajadores y al futuro del país”, señala.
El trabajador anunció que responderán al llamado del ministro del Trabajo, efectuado a través de la Procuradora del Trabajo, con quienes se reunirán el próximo 25 de noviembre. “Ni el secuestro que sufrí, ni la coacción, ni la suspensión de mi salario durante más de 20 años detendrán esta lucha por amor a mi familia y a mi país”, concluye.
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