
Sin ofrecer ninguna explicación, el gobierno interino de Delcy Rodríguez cambió la periodicidad de los balances de los terremotos -de diario a semanal- y también eliminó varios de los datos que ofrecía tras la tragedia.
Hasta hoy jueves 3 de septiembre, aún no han publicado el reporte que han debido compartir el lunes. En rechazo a la opacidad gubernamental, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Ejecutivo actualizar la cifra de fallecidos y desaparecidos a causa del doblete sísmico del 24 de junio.
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“Las autoridades interinas tienen más de una semana sin actualizar el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela, cuya última cifra fue de 6.509 víctimas”, denunció la ONG, recordando que en el caso de los desaparecidos la deuda es aún mayor: “más de 69 días sin actualizar”.
El manejo de la cifra de desaparecidos ha sido polémico desde un principio. Al día siguiente del cataclismo, el jefe del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, indicó que eran apenas 157 personas. A partir de allí, ni Rodríguez ni ningún vocero del gobierno central jamás volvió a brindar una estadística distinta.
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“Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron, personas que tenemos la certificación de que en efecto lamentablemente perdieron la vida durante los dos terremotos. No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, trató de justificarse Rodríguez en una rueda de prensa el 11 de julio.
El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, dijo hace un mes que la cantidad de desaparecidos alcanzaba los 1.579. “Esta es la base de datos más sólida de personas desaparecidas que se ha tenido porque ha sido suministrada por los mismos familiares”, manifestó Terán el 4 de agosto.
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Borrados
Frente al silencio oficial, Provea apunta que “iniciativas ciudadanas han denunciado miles de personas con paradero desconocido, sin que exista un registro público que respalde”.
Los familiares señalan que chocan contra la falta de información al momento de buscar a sus seres queridos, mientras en La Guaira -declarada zona de desastre- continúan los trabajos de remoción de escombros y recuperación de cuerpos.
“Exigimos al Estado venezolano actualizar y publicar ambas cifras -fallecidos y desaparecidos- de forma continua. La información salva vidas y es una obligación del Estado”, subrayan los defensores de Derechos Humanos.
El parte original que divulgaba el gobierno interino incluía datos como número de heridos, damnificados, edificios afectados y colapsados, personas refugiadas en campamentos transitorios y hasta la cantidad de réplicas, entre otros.
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De repente y sin mediar explicación, esos elementos fueron borrados y ahora el gobierno ofrece un balance reducido que refleja el número de viviendas entregadas (335 en el último reporte) y la cantidad de escombros recogidos (más de 600 mil toneladas hasta el 24 de agosto).
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