Reforma aprobada por el chavismo abre el camino hacia la renovación del Poder Judicial en Venezuela

“Un paso más”. Esa fue la expresión que utilizó la delegación opositora que participa en el proceso de negociación, luego de que el Parlamento de mayoría chavista sancionara este martes primero de septiembre la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que da mayoría a la sociedad civil en el comité de postulaciones judiciales que impulsará la designación de los nuevos magistrados.

“En el marco de los acuerdos suscritos el 12 de agosto por la mesa de negociación, hoy se dio un paso más hacia la construcción de un TSJ independiente, al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos, con la nueva conformación del comité de postulaciones judiciales”, manifestaron a través de su cuenta en X.

El primer ciclo del diálogo con el régimen chavista, que se desarrolla bajo el auspicio de Estados Unidos, concluyó con el acuerdo de “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia”, hoy totalmente controlado por el oficialismo.

Entre las medidas para alcanzar ese objetivo, pactaron “renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales”, que ahora estará conformado por 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados.

Un paso en un camino bastante largo y complejo. “Comienza una etapa que llevará a la designación de todos los magistrados del TSJ y requerirá del compromiso de toda la ciudadanía”, expresó la delegación opositora, que siempre insiste en la necesidad de que la sociedad civil se involucre directamente en este esfuerzo para desmontar la hegemonía chavista en las instituciones del Estado.

Tareas pendientes

Creado el marco jurídico, viene la ardua tarea de buscar a las personas que se incorporen a esta instancia. En paralelo, surge otro desafío: crear un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, “para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación”, define el documento firmado por las partes el 12 de agosto.

El Parlamento de mayoría chavista había dado inicio al proceso para escoger a los togados, pero de la negociación surgió el compromiso de activar un nuevo mecanismo de postulación para la renovación de los magistrados.

En teoría, las decisiones políticas deben tomarse en la mesa de negociación, bajo la atenta mirada de Estados Unidos, para posteriormente darles juridicidad en la Asamblea Nacional, donde la delegación opositora no tiene ningún representante.

En su llamado a la sociedad civil, la oposición enfatizó la importancia de que “hombres y mujeres del Derecho estén dispuestos a asumir la responsabilidad de transformar el sistema de justicia en Venezuela y a postularse como magistrados para el nuevo TSJ”.

Se espera que las partes vuelvan a la mesa de diálogo a mediados de septiembre. De acuerdo con lo que ha declarado la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, la agenda debe incluir los derechos y garantías políticas, donde buscarían eliminar la intervención judicial sobre los partidos de oposición y las inhabilitaciones políticas que afectan a dirigentes como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.