“Venezuela tiene derecho a expresarse”. Bajo esa consigna, 38 medios de comunicación, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades firmaron el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, que incluye entre sus demandas el levantamiento inmediato de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones contra sitios web.
Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.
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Los promotores de esta iniciativa, encabezados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), rechazan la normalización de la censura y exigen al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez cambios concretos para superar el cierre del espacio público.
En primera instancia, reclaman libertad plena para las personas detenidas por razones de opinión y el fin de los procesos judiciales contra trabajadores de la prensa. Adicionalmente, solicitan la devolución de pasaportes anulados a periodistas, así como de los bienes expropiados a los medios, la revisión de las licencias audiovisuales revocadas y la convocatoria a procesos transparentes para adjudicar nuevas frecuencias.
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Leyes e instituciones
“Buscar, recibir y difundir información libremente es un derecho”, exponen al momento de alzar su voz a favor de que se erradiquen los bloqueos digitales. Igualmente, abogan por la derogación de las leyes contra el Odio, de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-ME), de Fiscalización de ONG (conocida como Ley Anti-ONG), Antibloqueo y Simón Bolívar.
Promulgada en noviembre de 2024 por Nicolás Maduro, la llamada Ley Simón Bolívar establece penas de hasta 30 años de cárcel contra “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, respalde o participe” en la aplicación de sanciones contra el país.
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Los impulsores del manifiesto resaltan que esas normas que “criminalizan la expresión”, debe ser sustituidas por “un marco jurídico que proteja el ejercicio de la libre expresión en Venezuela”.
En cuanto a los aspectos institucionales, plantean que Conatel “debe dejar de ser un instrumento de control y censura, y funcionar como un organismo técnico y autónomo, con una administración del espectro transparente y auditable”.
“Los medios públicos deben estar al servicio de todos los venezolanos, garantizar información plural y dejar de utilizarse para propaganda partidista, persecución, estigmatización o discriminación”, apuntan en el manifiesto.
Tras su llegada al poder, Delcy Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político” y creó el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que se reunió y creó mesas de trabajo con periodistas y representantes de medios. Todas estas demandas se han presentado ante esa instancia, pero ninguna ha sido atendida a cabalidad.
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