Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2025, unas 10.853 personas fueron asesinadas por agentes del Estado, reportó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual presentado el 14 de mayo.
“El Estado ha normalizado el uso desmedido de la fuerza letal, menospreciando el valor de la vida”, denunció Provea, tras precisar que el año pasado contabilizaron 336 asesinatos perpetrados por policías y militares “en distintas circunstancias”, donde más de la mitad de las víctimas (54%) eran jóvenes de entre 18 y 30 años, y un 4% menores de edad.
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“Los operativos policiales letales no se distribuyeron homogéneamente en el espacio urbano, sino que se concentraron en barrios populares. Allí donde el Estado brilla por su ausencia en términos de políticas sociales, educación, salud o infraestructura, se hace presente con todo su poder represivo”, cuestiona la organización defensora de Derechos Humanos.
Provea registró 596 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, y “95 casos y 160 víctimas de desapariciones forzadas, que representaron un aumento de 196% respecto a 2024, y de 841% respecto al promedio general de estos últimos 25 años”.
El tema de las desapariciones forzadas está ahora mismo en el centro del debate público venezolano, luego de que el Ministerio de Servicio Penitenciario anunciara la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuyo paradero jamás fue precisado por las autoridades. Quero Navas fue detenido en enero de 2025 y murió en julio de ese año, pero el gobierno de Delcy Rodríguez informó su defunción el pasado 7 de mayo.
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En la base de datos de Provea, 2025 resalta como “el segundo año con más detenciones por razones políticas con 513”, solo superado por las 2.229 de 2024, año marcado por las protestas que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas de votación
Deuda social
La ONG sostiene que 30% de los estudiantes no asiste a clases diariamente. La cifra es alarmante, pero menor al 48% que reseñaron en 2024. “Que un tercio o un cuarto de los estudiantes no haya asistido a clases diariamente sigue siendo una situación grave, puesto que aumenta las desigualdades educativas y afecta con mayor fuerza a la población más vulnerable”, alertan.
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“En materia de derecho a la salud, se registraron 94.056 denuncias por fallas en el sistema público. El presupuesto cayó un 28% respecto a 2024, situándose en solo el 4,24% del gasto público. El 88% de los hospitales carece de medicamentos y el 89% de insumos. La respuesta humanitaria alcanzó apenas al 41% de la población meta y el sector salud solo cubrió el 27% de sus objetivos”, recoge el informe.
Sobre la alimentación, Provea ubica en 9,1% la desnutrición aguda en las comunidades más vulnerables del país, mientras resalta que “los adultos mayores, cuyos ingresos cubren apenas entre 9% y 23% de la canasta alimentaria, enfrentan una indigencia nutricional que acelera su morbilidad”.
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