Al menos 37 reclusos han fallecido en las cárceles venezolanas desde abril pasado. El último caso se registró este lunes, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que acusa al gobierno nacional de faltar a su promesa de rehabilitar y modernizar el sistema carcelario mediante las llamadas “intervenciones”.
“Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas”, aseguró el OVP.
La ONG sostiene que “cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”.
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Promesa incumplida
El recluso fallecido respondía al nombre de Luis Felipe Moreno y se encontraba en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, en el estado Anzoátegui, oriente del país.
El OVP señala que ese lugar alberga a más de 1.400 presos, incluido un contingente importante que llegó desde otro penal ubicado en el estado oriental de Monagas, tras una “intervención” ejecutada por las autoridades en noviembre de 2023.
Hace poco menos de tres años, el gobierno desplegó la operación Gran Cacique Guaicaipuro en el Internado Judicial de Monagas, con el objetivo declarado de recuperar el control de sus instalaciones y acabar con el “pranato” -jefes de bandas criminales que operan dentro de estos establecimientos-.
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“La política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron”, cuestiona el OVP.
Los defensores de los derechos de los reclusos indican que “lejos de solucionar el hacinamiento y el deterioro del sistema”, las llamadas “intervenciones penitenciarias” ordenadas por el régimen chavista “dispersaron a la población reclusa por distintos estados sin resolver las causas estructurales que siguen poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.
El OVP demanda “una inmediata rendición de cuentas sobre el destino de los centros intervenidos, transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación y garantías efectivas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad”.
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