José Ignacio Moreno Suárez, el abogado que terminó como preso político tras representar a una minera enfrentada al Estado venezolano

José Ignacio Moreno Suárez llevaba años dedicado al ejercicio del derecho corporativo cuando su vida dio un giro inesperado. Como representante legal en Venezuela de la empresa minera Gold Reserve Inc., su trabajo consistía en defender los intereses de la compañía en un complejo conflicto con el Estado venezolano por uno de los proyectos auríferos más importantes de América Latina.

El 4 de junio de 2023, mientras almorzaba en un restaurante de Caracas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le pidieron que los acompañara para una supuesta entrevista. Según explicaron a Infobae fuentes cercanas a su familia, no existía una orden de aprehensión. Una vez trasladado a la sede del organismo, quedó privado de libertad.

Desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Caracas. Han transcurrido más de dos años sin que exista una fecha para el inicio de su juicio, mientras su familia y su defensa sostienen que el proceso constituye una represalia por el ejercicio de su profesión.

El caso de Moreno Suárez gira alrededor de Gold Reserve, empresa minera estadounidense-canadiense que cotiza en bolsa y que durante años ha mantenido una disputa con el Estado venezolano por la explotación del proyecto Brisas-Cristinas. Tras un arbitraje internacional, ambas partes constituyeron en 2016 la empresa mixta Siembra Minera, integrada en un 45 % por Gold Reserve y en un 55 % por el Estado venezolano, para desarrollar uno de los mayores yacimientos de oro y cobre de América Latina.

De acuerdo al testimonio conocido por Infobae, el proyecto nunca llegó a desarrollarse como estaba previsto. La empresa sostiene que cumplió con las obligaciones que le correspondían, mientras que el Estado revocó posteriormente los derechos mineros de Siembra Minera. Esa decisión llevó a Gold Reserve a anunciar un nuevo arbitraje internacional para reclamar una indemnización.

Fuentes de Infobae cuya identidad fue preservada por razones de seguridad afirman que Moreno Suárez, como representante legal de la compañía en Venezuela, continuó ejecutando las acciones jurídicas que le correspondían dentro de ese conflicto, incluyendo gestiones relacionadas con el arbitraje y el cumplimiento de los contratos suscritos entre la empresa y el Estado. Pocos meses después fue detenido.

La Fiscalía lo acusó de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Según la documentación del caso, entre las pruebas presentadas figuran un correo electrónico enviado en noviembre de 2021 a una periodista y conversaciones de WhatsApp con otro abogado relacionadas con estrategias jurídicas de Gold Reserve frente al Estado venezolano.

La propia acusación sostiene que Moreno Suárez actuó para “privilegiar la posición internacional de Gold Reserve Inc.” durante el litigio, una formulación que la defensa considera evidencia de que el proceso penal está directamente relacionado con el ejercicio de su actividad profesional.

Un proceso detenido

Durante los primeros días posteriores a su arresto las autoridades negaron a sus familiares información sobre su paradero. La defensa sostiene que por semanas tampoco pudo designar abogados de confianza y que el caso quedó inicialmente en manos de un defensor público. Más de dos años después, el juicio aún no ha comenzado.

La defensa solicitó este año la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2026. Sin embargo, esa petición fue rechazada después de que la norma quedara sin efecto. Posteriormente también pidió el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad, al considerar que se habían cumplido los plazos previstos por la legislación venezolana sin que avanzara el proceso. Esa solicitud también fue negada y permanece apelada.

El expediente indica además que Moreno Suárez está siendo procesado por el Tribunal Segundo Especial contra el Terrorismo.

El caso también fue incorporado al registro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP), organización que sostiene que su detención reúne las características de una privación arbitraria de libertad por la naturaleza de los cargos formulados y las circunstancias en que fue arrestado.

El deterioro durante la reclusión

Mientras el proceso permanece prácticamente inmóvil, la principal preocupación de la familia se ha trasladado a su estado de salud.

Fuentes de Infobae señalan que el abogado ha perdido alrededor de 70 kilos desde su detención. Según informes médicos aportados por la defensa, padece hipertensión arterial, esófago de Barrett y una afección prostática con niveles elevados del antígeno prostático que requiere seguimiento especializado.

Las mismas fuentes sostienen que la familia ha solicitado en reiteradas oportunidades autorización para que reciba atención médica especializada y pueda ingresar medicamentos, sin obtener una respuesta favorable. También afirman que incluso tratamientos básicos y medicamentos de uso cotidiano han sido rechazados durante distintos períodos de castigo disciplinario impuestos dentro del penal.

La documentación entregada a Infobae señala además que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de Naciones Unidas, calificó formalmente su detención como arbitraria.

Las consecuencias para su familia

La detención de Moreno Suárez también tuvo impacto sobre su entorno familiar. Según la defensa, durante la investigación fueron ocupados inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes vinculados al abogado. Sus padres abandonaron posteriormente Venezuela.

Su hija, Priscilla Moreno, también fue detenida por más de treinta días tras visitar a su padre en la sede de la DGCIM. Aunque recuperó la libertad, continúa sometida a medidas cautelares que la obligan a presentarse semanalmente ante un tribunal y le impiden salir del país, de acuerdo con la documentación revisada por este medio.

El terremoto y una nueva preocupación

La situación volvió a agravarse tras el terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

Las fuentes de Infobae aseguran que, durante el sismo, los internos de El Rodeo I permanecieron encerrados en sus celdas mientras los custodios abandonaban temporalmente las instalaciones y solo horas después fueron trasladados a los pasillos del penal.

Los mismos testimonios afirman que los familiares observaron posteriormente grietas en distintas áreas de la prisión y sostienen que las autoridades únicamente cubrieron los daños con pintura, sin realizar reparaciones estructurales.

También denunciaron que, cuando algunos internos manifestaron temor de regresar a sus celdas debido a las réplicas del sismo, funcionarios penitenciarios utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y perdigones para obligarlos a reingresar.

Según las fuentes consultadas, Moreno Suárez permaneció cerca de tres semanas sin que su familia pudiera verlo ni entregarle alimentos, medicamentos o artículos personales. La visita solo fue autorizada después de que sus allegados advirtieran a las autoridades que denunciarían públicamente una posible desaparición si no recibían una prueba de vida. De acuerdo con el CLIPP, durante este mes las visitas volvieron a ser suspendidas sin que las autoridades ofrecieran una explicación y la paquetería enviada por su hija no fue recibida hasta el pasado fin de semana. Según esa organización, la familia pudo verlo nuevamente, aunque sin garantías de que las visitas continúen autorizadas.

Durante ese encuentro, según el testimonio recogido por Infobae, la visita se realizó bajo una estricta custodia de funcionarios penitenciarios, sin que la familia recibiera una explicación sobre las razones por las que había permanecido incomunicado.

Más de dos años después de aquella detención ocurrida mientras almorzaba en Caracas, José Ignacio Moreno Suárez continúa recluido en El Rodeo I sin sentencia y sin una fecha fijada para el inicio de su juicio. Mientras la apelación presentada por su defensa sigue pendiente de resolución, su familia asegura que la incertidumbre ya no se limita al proceso judicial: también se extiende a las condiciones en las que permanece detenido y a la evolución de su estado de salud. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP) sostiene que el abogado forma parte de los 518 presos políticos que, según sus registros, aún no han sido beneficiados por la Ley de Amnistía ni por otros mecanismos de excarcelación.