En Venezuela se registraron 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023, un 131 % más con respecto al mismo período de 2022, cuando se documentaron 98 casos, informó este viernes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos”, señaló la organización en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63, y en marzo 58.
Del total de casos, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 amenazas, tres ataques digitales y una detención arbitraria.
La ONG señaló que, en el primer trimestre, continuaron los “discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores”.
Asimismo, dijo que el 93 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y el 7 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron funcionarios públicos, en el 51 % de los casos, seguidos de los medios de comunicación (25 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (5 %), y organismos de seguridad (2 %).
“Al cierre del primer trimestre del año, la política de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos permanece vigente”, señaló.
El CDJ exhortó al Estado a garantizar un “entorno propicio y seguro” para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.
“El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas”, añadió.
La CPI informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este viernes que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.
La sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023. Es por esa razón que dicho escrito se conoció ayer.
La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.
(Con información de EFE)
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