Los números no cuadran. Aunque el régimen chavista informó el 14 de agosto que excarcelaría a 131 presos políticos, hasta el momento de publicar esta nota distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos dicen que menos de 80 se han beneficiado de esta medida y trascendió la denuncia sobre la desaparición de un detenido.
El anuncio del gobierno interino de Delcy Rodríguez fue celebrado en su momento hasta por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien de inmediato publicó en su cuenta en X: “La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero -fecha de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales norteamericanas-, se han liberado 1.046 venezolanos”.
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La liberación, además, parecía coronar el cierre del primer ciclo de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que dejó como resultado un acuerdo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial venezolano.
La propia Rodríguez destacó que “Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliación nacional. 1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”.
En deuda
Sin embargo, hasta este lunes 17 de agosto, la ONG Foro Penal solo había podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. Al menos 24 de ellos son militares, precisó el director de la organización, Alfredo Romero.
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El último balance general difundido por Foro Penal el 10 de agosto daba cuenta de un total de 391 presos políticos, incluidos 163 militares, 26 mujeres y 40 ciudadanos con nacionalidad extranjera, entre ellos el abogado argentino Germán Giuliani.
“Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de Derechos Humanos que siguen el proceso”, reaccionó en X Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación que es promovido por la administración de Donald Trump.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatizó, además, que “excarcelar no siempre significa liberar”. Esto porque algunos de los beneficiados vuelven a sus hogares, pero siguen enfrentando medidas que restringen su libertad como la presentación periódica ante tribunales y la prohibición de salida del país.
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En paralelo, Carlos Sotillo, abogado de Ronald González, uno de los acusados por la trama denominada Pdvsa-Cripto -donde está involucrado el exministro Tarek El Aissami- manifestó que su defendido estuvo “desaparecido”, luego de que sufriera un infarto el miércoles 13 de agosto y fuera llevado a un centro médico.
Después de tres días sin conocer su paradero, Heide Hernández, hermano del detenido, informó que pudo ver a Roland en un hospital y expresó su preocupación porque las autoridades indicaron que lo llevarían nuevamente a la cárcel. “Pido que esto no pase y que mi hermano pueda ser trasladado a una clínica donde pueda ser atendido de forma inmediata”, solicitó.
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“Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”, señaló la Plataforma Unitaria Democrática. Según la ONG Foro Penal, seis de los acusados permanecen detenidos y 638 cumplen medidas restrictivas de libertad
