Revelan operación de la red de extorsión a verificentros del Edoméx: buscaban recaudar más de 430 millones de pesos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló los detalles acerca de la operación de la red extorsiva integrada por servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México que, desde octubre de 2023, exigía pagos ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular. Raul “N” Y Carlos Eduardo “N”, fueron detenidos el 10 de agosto de 2026 y vinculados a proceso el 16 de agosto: uno por extorsión agravada y otro por abuso de autoridad. El esquema habría recaudado cientos de millones de pesos de manera ilícita y buscaba obtener más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.

Reunión en un restaurante de la CDMX, el punto de partida

El 23 de diciembre de 2023, Raúl “N”, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, convocó a dueños, encargados y administradores de verificentros a una reunión en un restaurante ubicado en la Ciudad de México.

Según entrevistas recabadas en sede ministerial, Raúl “N” habría comunicado a los asistentes que “a partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aún y cuando cuenten con sus documentos en regla”.

Ante el temor de perder sus concesiones o enfrentar bloqueos operativos, algunos concesionarios aceptaron cuotas de entre 30 y 100 mil pesos mensuales, calculadas según el volumen de verificaciones de cada centro.

En febrero de 2024, Raúl “N” y otros sujetos habrían contactado nuevamente a las víctimas para exigirles un pago adicional al que llamaron “retroactivo”: 162 mil 500 pesos por verificentro, bajo el argumento de que “los dejaron trabajar sin ningún problema de octubre a diciembre de 2023”.

El sistema de control ambiental, convertido en herramienta de presión

El entramado aprovechó el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), una plataforma que monitorea en tiempo real las emisiones de los vehículos y las actividades del personal en los verificentros.

Aunque el sistema fue diseñado para prevenir irregularidades, la investigación determinó que podía ser desactivado y reactivado de manera remota desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente, con fines delictivos. Los cierres podían extenderse por horas, días o meses, y se justificaban con pretextos menores como un logotipo “despintado”, equipos de cómputo “no actualizados” o desfases intencionales entre la inspección de un vehículo y la imagen captada por la videocámara.

La reactivación del sistema se convertía, a su vez, en ocasión para una nueva exigencia extorsiva.

El entramado también limitaba la entrega de hologramas: cuando un verificentro agotaba el número de engomados aprobado unilateralmente por la autoridad ambiental, no podía continuar operando hasta cubrir las cuotas. Solo entonces se le entregaban más hologramas.

Amenazas de muerte y apropiación de empresas

Carlos Eduardo “N”, otro de los implicados, exigió a los concesionarios la devolución de revalidaciones ya autorizadas al haberse cumplido con los requisitos legales. Ante la negativa de las víctimas, les advirtió que “se atuvieran a las consecuencias” y procedió a realizar un hecho arbitrario en su contra.

El comunicado de la FGJEM reproduce una amenaza enviada a una de las víctimas en la que se condiciona su vida y la de su familia al pago de las cuotas.

“A ver hijo de tu p… madre esto lo vas a entender muy bien, si es que aprecias tu vida y la de tu familia”, se lee en la información compartida por la Fiscalía.

“A ver hijo de tu p… madre esto lo vas a entender muy bien, si es que aprecias tu vida y la de tu familia”

Mediante esa presión sostenida, el entramado obligó a algunos concesionarios a ceder porcentajes de sus empresas. Para ello, los operadores ocultaban información sobre los plazos de revalidación de concesiones, impedían que los trámites se realizaran con anticipación y emitían las concesiones por periodos variables de entre seis y 12 meses.

Al menos dos razones sociales vinculadas a los implicados habrían sido utilizadas para tomar el control de los verificentros. Los partícipes afirmaban contar con “protección de políticos”.

Más de 430 millones de pesos, la meta del esquema

En marzo de 2026, Raúl “N” habría enviado un mensaje a concesionarios con una instrucción clara y precisa.

“Avísales a los demás que tienen que pagar las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde el 2024… 500 mil pesos por cada línea de verificación”, reproduce la Fiscalía.

El Estado de México cuenta con 878 líneas de verificación activas distribuidas en 163 verificentros, según el Directorio de la Secretaría del Medio Ambiente estatal. Bajo ese cálculo, el monto exigido superaría los 430 millones de pesos, adicionales a las cuotas mensuales ya cobradas.

Los recursos habrían sido entregados en efectivo en oficinas privadas de la colonia Bosques de Las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, y en domicilios de la alcaldía Cuajimalpa, ambos en la Ciudad de México. Los pagos se coordinaban mediante cita previa o con acceso por código QR.

El costo para los automovilistas

El padrón vehicular del Estado de México sujeto a verificación semestral supera los 7 millones de vehículos. Para absorber las exigencias del entramado, los concesionarios trasladaron parte de los costos a los usuarios mediante cobros irregulares por “brincos”: pagos para evadir multas cuando los vehículos no aprobaban las pruebas o verificaban de manera extemporánea.

Detenciones, cateos y estado procesal

Entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, la FGJEM aseguró cinco verificentros: dos en el municipio de Nezahualcóyotl y los restantes en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla. En paralelo, se realizaron cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde se aseguraron diversos indicios.

Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto por elementos de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional. El 16 de agosto, la autoridad judicial los vinculó a proceso: al primero por extorsión agravada y al segundo por abuso de autoridad. Ambos permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

El Código Penal del Estado de México establece una pena de hasta 70 años de prisión por extorsión y hasta nueve por abuso de autoridad. Conforme a derecho, los detenidos deben ser considerados inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria en su contra.

La FGJEM continúa las investigaciones e invita a concesionarios y ciudadanos a presentar denuncias de manera anónima al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx o al número 800 702 8770.