Caída de ingresos y aumento de tráfico ponen en jaque a operadores de internet en Colombia vs. grandes plataformas

Un documento, firmado por líderes de Asomóvil, Andesco, Asotic y la GSMA, denuncia una “falla estructural de mercado” en Colombia y exige una “corrección regulatoria urgente” para que los grandes generadores de tráfico digital asuman una parte proporcional de los costos de red.

“Solo tres plataformas generan el 67 % del tráfico total, lo que equivale a la descarga de más de 213 millones de películas en HD en un solo mes”, advierten los representantes de las principales empresas de telecomunicaciones de Colombia en una carta dirigida al Gobierno Nacional, el Congreso y los entes de control y regulación.

Según el texto, de las empresas que proveen servicios de conectividad móvil, fija y audiovisuales a más de 41 millones de personas en Colombia, el país ha alcanzado una cobertura poblacional de internet del 79 %. Esto ubica a Colombia “entre los 50 países con mejor acceso a nivel mundial y en el cuarto lugar en América Latina, por encima de economías más grandes de la región”. Los firmantes aseguran que, gracias al esfuerzo conjunto con el Estado, se ha logrado este avance, aunque la meta es llegar al 85 % de cobertura nacional.

El documento destaca que, durante los últimos siete años, las empresas de telecomunicaciones han invertido más de 55 billones de pesos (a precios de 2025) en mantener, ampliar y modernizar la infraestructura de redes.

Estas inversiones han sido “decisivas para sostener la calidad del servicio, responder al crecimiento de la demanda y llevar conectividad a cada territorio del país”. Sin embargo, la brecha digital persiste. Citan un informe de la GSMA de noviembre de 2023, según el cual “superar las metas del MinTIC y alcanzar el 95 % de cobertura nacional demandará cerca de USD 4.500 millones adicionales, destinados a conectar a aquellos colombianos que aún están excluidos, principalmente en zonas rurales”.

El panorama financiero del sector, según los firmantes, se ha deteriorado. El ingreso promedio mensual por usuario (Arpu) ha caído cerca del 70 % en la última década, de acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Esta caída se atribuye a la necesidad de mantener precios bajos. Mientras tanto, el tráfico de datos sigue creciendo de forma exponencial: “entre 2022 y 2024, el tráfico móvil se multiplicó por 1,57 con una tasa de crecimiento anual del 25%”, según la CRC.

Los firmantes denuncian que “las grandes plataformas digitales no se encuentran afectas a la regulación local, lo que genera enormes asimetrías, porque no pagan por el uso de las redes, y definen unilateralmente las condiciones para alojar su infraestructura de entrega de contenidos y la calidad requerida para que sus contenidos lleguen al usuario”.

Añaden que “los contenidos de las grandes plataformas tienen como único medio, para llegar a los usuarios, las redes de telecomunicaciones desplegadas por los operadores, gracias a las cuantiosas inversiones que estos últimos hacen”.

El texto identifica a la CRC como un actor clave, responsable de regular, promover la competencia y proteger los derechos de los usuarios en el ecosistema de las telecomunicaciones y contenidos digitales.

Diversos centros de pensamiento y estudios recientes como la Universidad Nacional, JSM y NERA (2024-2025), coinciden, según la carta, en que “Colombia necesita adoptar una regulación justa y equitativa, que implique una simplificación de la misma hacia las empresas de telecomunicaciones y, que requiera a los grandes generadores de tráfico a asumir una parte proporcional de los costos de red, como ya sucede en otras jurisdicciones, como es el caso de Corea del Sur”.

Los firmantes advierten que, si esta situación desbalanceada no se corrige, “tendrá una afectación directa sobre los servicios de telecomunicaciones, pues continuará disminuyendo la capacidad financiera de los operadores para sostener las inversiones en redes, las cuales son indispensables para otorgar a los usuarios finales un servicio de calidad a precios asequibles”.

Esto, afirman, impactaría directamente a millones de hogares colombianos que dependen de la conectividad para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud y participar en la vida democrática.

El documento también alerta sobre el riesgo de que se frene el despliegue de redes en zonas rurales y apartadas, lo que ampliaría la brecha digital y limitaría las oportunidades de desarrollo regional. “Colombia enfrentaría un rezago frente a otros países de la región en materia de conectividad, innovación y competitividad, comprometiendo los esfuerzos públicos y privados por construir un ecosistema digital inclusivo”, sostienen.

Por estas razones, los representantes de las empresas de telecomunicaciones hacen un “llamado urgente al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a los entes de control y regulación” para que se establezcan “reglas claras y justas sobre el uso de las redes”. Proponen que Colombia avance hacia un modelo de uso equitativo y sostenible de las redes y la infraestructura digital, “donde todos los actores, especialmente quienes más tráfico generan, paguen por los insumos que usan”.

El texto concluye que “regular el uso justo de las redes no es solo una medida económica. Es una decisión política y social que impacta el derecho a la conectividad, la equidad territorial, la democracia y el futuro digital de todos los colombianos”.