
En 2023 la Unión Europea (UE) aprobó una normativa que exigirá que, a partir de 2027, las baterías de los dispositivos electrónicos sean extraíbles y reemplazables por los usuarios. Aunque todavía falta tiempo para que entre en vigencia, algunas empresas ya adaptan sus dispositivos de acuerdo a la norma.
Esta medida busca facilitar el reemplazo de baterías en teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, promoviendo una economía circular y reduciendo los residuos electrónicos.
La normativa establece que las baterías portátiles incorporadas en los dispositivos deben ser removibles y reemplazables por el usuario final. Esto implica que los fabricantes deberán rediseñar sus productos para cumplir con este requisito antes de la fecha límite.
La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó la importancia de esta medida al señalar que las baterías son clave para el proceso de descarbonización y el cambio hacia modos de transporte de cero emisiones.

“Las pilas y baterías al final de su vida útil contienen muchos recursos valiosos y debemos poder ser capaces de reutilizar esas materias primas fundamentales en lugar de depender de terceros países para su suministro. Las nuevas normas promoverán la competitividad de la industria europea y garantizarán que las nuevas pilas y baterías sean sostenibles y contribuyan a la transición ecológica”, declaró Ribera en 2023.
La normativa también establece objetivos para la recogida de residuos de pilas portátiles, con metas del 63% para finales de 2027 y del 73% para finales de 2030.
Asimismo, el proyecto introduce un objetivo de recogida específico para pilas usadas en medios de transporte ligeros, como bicicletas y patinetes eléctricos, con un 51% para finales de 2028 y un 61% para finales de 2031.
Además, se fijan objetivos para la recuperación de litio a partir de baterías usadas, con un 50% para finales de 2027 y un 80% para finales de 2031.
Aunque la normativa entrará en vigor en 2027, algunos fabricantes ya han comenzado a adaptarse a estos cambios. Samsung, por ejemplo, ha lanzado el Galaxy XCover6 Pro, un smartphone que permite al usuario extraer y reemplazar la batería de manera sencilla. Este dispositivo está diseñado para entornos industriales y ofrece una batería extraíble que facilita su sustitución sin necesidad de herramientas especializadas.

Fairphone, una empresa reconocida por su enfoque en la sostenibilidad, ha desarrollado el Fairphone 5, un dispositivo que permite al usuario reemplazar la batería y otros componentes de manera sencilla. Este enfoque modular facilita las reparaciones y prolonga la vida útil del dispositivo, alineándose con los objetivos de la nueva normativa europea.
Nokia también ha incursionado en el diseño de smartphones con baterías reemplazables. El Nokia G22, por ejemplo, permite al usuario extraer la batería tras retirar la carcasa trasera y desconectar un flex, sin necesidad de herramientas especializadas. Este diseño facilita el mantenimiento y la reparación del dispositivo, promoviendo una mayor durabilidad.
La implementación de baterías extraíbles en los dispositivos electrónicos presenta desafíos para los fabricantes, especialmente en términos de diseño y resistencia. Los smartphones actuales suelen tener diseños unibody que ofrecen mayor delgadez y resistencia al agua y al polvo. La introducción de baterías extraíbles podría requerir modificaciones en estos diseños, afectando potencialmente la estética y la durabilidad de los dispositivos.

Además, la facilidad de acceso a las baterías podría plantear preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de las baterías de reemplazo. En este sentido, es fundamental que los fabricantes y los reguladores establezcan estándares claros para garantizar que las baterías de reemplazo sean seguras y de alta calidad, evitando posibles riesgos para los usuarios.
La normativa también introduce requisitos de etiquetado e información sobre los componentes de la batería y el contenido reciclado. Esto incluye la creación de un “pasaporte digital de baterías” que proporcionará información sobre la capacidad, el rendimiento, la durabilidad y la composición química de las baterías. Con esto, la UE busca aumentar la transparencia y facilitar el reciclaje y la reutilización de las baterías al final de su vida útil.
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