Qué pasó con Pornhub y por qué tendrá que pagar una millonaria multa

El reciente cambio de nombre para buscar un “nuevo comienzo” no está saliendo tan bien para la empresa Aylo, un emporio de contenidos en línea para adultos propietario de plataformas como Pornhub, YouPorn y Redtube y que hasta hace poco era conocido como MindGeek.

El conglomerado, que pasó desde hace algunos meses a manos de Ethical Capital Partners, una firma de capital riesgo de Ottawa, admitió que ganó dinero con contenido que mostraba a víctimas de tráfico sexual.

Algo que ocurrió en medio de un proceso judicial tuvo lugar en un tribunal federal de Brooklyn, donde a Aylo se le imputó por participar en “transacciones monetarias ilegales relacionadas con el producto del tráfico sexual”.

Aunque la compañía resolverá el cargo mediante un acuerdo de procesamiento diferido con el gobierno de Estados Unidos, cuyos términos establecen que debe pagar 1,8 millones de dólares y compensar a las víctimas cuyos videos fueron distribuidos en sus plataformas sin su consentimiento.

Acuerdo incluye medidas de vigilancia

Aylo llegó a un acuerdo de procesamiento diferido mediante el cual, además de las penalizaciones económicas, estará sometida a la supervisión de un monitor independiente por un periodo de tres años.

Este vigilante será el encargado de evaluar y asegurar la correcta implementación de los procedimientos de selección y monitoreo de contenido, para evitar la difusión de videos ilegales.

Las acusaciones contra la corporación señalan que desde 2009 ignoró activamente señales que relacionaban su contenido con el tráfico sexual, en particular, material proveniente de GirlsDoPorn, cuyos administradores fueron inculpados en 2019 por coaccionar a mujeres a grabar material pornográfico sin su consentimiento.

No obstante, Aylo no comenzó a retirar dicho contenido hasta después del juicio de GirlsDoPorn en 2019, y no eliminó el canal oficial de la productora hasta 2020.

No se realizaron las verificaciones pertinentes

Las autoridades federales alegan que Aylo no verificó de manera independiente el consentimiento de las personas en los videos, a pesar de haber recibido múltiples peticiones para eliminar material entre 2016 y 2019, y de tener conocimiento de una demanda presentada en 2017 por varias mujeres contra GirlsDoPorn.

Breon Peace, Fiscal del Distrito Este de Nueva York, subrayó que el acuerdo “responsabiliza a la empresa matriz de Pornhub.com por su participación en la publicación y monetización de videos involucrando a actores criminales y mujeres jóvenes obligadas a actos sexuales”.

Recordemos que Aylo, opera varios sitios que permiten a usuarios externos publicar y distribuir contenido, por lo que el conglomerado se defendió asegurando que “lamenta profundamente” haber alojado este tipo de contenido producido.

El conglomerado sostiene que las compañías productoras en ese momento proporcionaron documentación escrita que pretendían ser formularios de consentimiento firmados por las mujeres.

Mientras, reconoció que: “Nos preocupó saber que una productora utilizó medios delictivos para producir su contenido y presentó documentación de consentimiento que ahora sabemos que se obtuvo mediante fraude y coerción”.

Pornhub, Xvideos y Stripchat son los siguientes en la mira de la UE para una regulación de seguridad en línea

Varios sitios para adultos enfrentan un aumento en el escrutinio regulatorio tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea, donde medidas legales demandan estrictas verificaciones de edad y moderación de contenido en plataformas en línea.

Este es el caso de Pornhub, Stripchat y XVideos que deberán adherirse a las estrictas regulaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, tras ser clasificadas como “plataformas en línea muy grandes” (VLOPs), una categoría que le permite al bloque comunitario imponer condiciones más rigurosas en el manejo de contenidos online para adultos.

Las medidas entrarán en vigencia a partir del 17 de febrero de 2024, desde cuando dichas plataformas se verán obligadas a implementar medidas proactivas, como la gestión de riesgos, realizar auditorías independientes y facilitar datos a autoridades e investigadores, con el fin de cumplir con las nuevas normativas cada vez más exigentes en el entorno digital.