
La muerte de José Mariano Rivera, ocurrida el 20 de octubre tras varios días de internación, modificó el rumbo de la causa penal por el ataque a tiros registrado en Centenario. La Fiscalía reformuló la acusación contra H.E.A.C. y le atribuyó homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El imputado, que hasta ahora cumplía una detención domiciliaria, permanecerá bajo prisión preventiva durante dos meses. La decisión fue tomada por el juez Luciano Hermosilla luego de una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la nueva situación procesal incrementa el riesgo de fuga.
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La víctima había recibido un disparo en la cabeza el 12 de octubre, durante un episodio ocurrido en la calle Santa Teresa de Jesús, cerca del cruce con Cuba. Rivera fue hospitalizado de urgencia y trasladado después al Hospital Castro Rendón, en Neuquén, donde permaneció en terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento.
La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, realizó el pedido de reformulación de cargos junto con la asistente letrada Agustina Jarry. Hasta antes de la muerte de Rivera, la investigación calificaba el hecho como tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego.
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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, con el fallecimiento de la víctima, la imputación pasó a ser por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. La figura contempla los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Durante la audiencia, la defensa no objetó el cambio de calificación legal.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el imputado había discutido previamente con Rivera. Luego, cuando el hombre se retiraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, fue seguido a pie por el acusado.
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La teoría del caso indica que H.E.A.C. efectuó al menos tres disparos en dirección al vehículo mientras Rivera se alejaba por la calle Santa Teresa de Jesús. Uno de los proyectiles impactó en la zona parietal derecha de la cabeza del conductor.
A raíz de la herida, Rivera perdió el conocimiento y dejó de controlar la camioneta, que se estrelló contra el paredón de una vivienda. Tras el choque, fue llevado al hospital de Centenario y más tarde derivado al Hospital Castro Rendón hasta su muerte.

El arma que habría sido utilizada en el ataque todavía no fue localizada. Además, al momento de la audiencia no se había practicado la autopsia, debido a que se encontraba en curso el procedimiento de ablación de órganos.
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Además de la reformulación de los cargos, la Fiscalía pidió que se dejara sin efecto la detención domiciliaria que cumplía el imputado. El planteo se apoyó en el aumento de la pena en expectativa tras el cambio de calificación y en los riesgos procesales que se profundizaron con la muerte de Rivera.
La representante del MPF mencionó que H.E.A.C. tiene un arraigo considerado precario en el país y que existe una orden de expulsión que aún podría ser recurrida. También recordó que el acusado no había sido encontrado durante los primeros allanamientos dispuestos en la causa.
A esa situación se agregó la pérdida del domicilio en el que cumplía la medida cautelar. La propietaria de la vivienda comunicó el día anterior a la audiencia que no quería continuar alojándolo, por lo que la Fiscalía sostuvo que ya no era viable sostener la detención domiciliaria.
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La defensa explicó que la decisión de la propietaria no se relacionó con un incumplimiento del imputado. Asimismo, anticipó que buscaría una nueva vivienda para que pudiera continuar bajo esa modalidad de detención.
Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla consideró que la muerte de la víctima y la modificación de la figura penal elevaron el riesgo de fuga. Por ello ordenó prisión preventiva por dos meses, plazo que mantiene el período cautelar fijado originalmente el 16 de octubre.
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