“Me pidió que me calle”: solicitaron la detención de un policía acusado de amenazar a la mamá de Johana Ramallo

La querella de Marta Ramallo pidió la detención de Rubén Darío Gauna, un policía acusado de haberla amenazado con un arma para que dejara de aportar información a la investigación por la desaparición y el asesinato de su hija, Johana Ramallo.

El planteo fue presentado por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata luego de que Ramallo reconociera al hombre.

Según pudo confirmar Infobae, la madre de la joven asesinada en 2017 logró identificar a Gauna luego de que fuera citado a declarar en calidad de testigo en el juicio por los delitos conexos vinculados al crimen de su hija, entre ellos, narcotráfico y trata de personas con fines de explotación sexual.

Tras esto, los abogados de la mujer exigieron que el acusado sea procesado y detenido por el delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

Durante la audiencia celebrada el pasado 25 de septiembre, el agente había sido llamado a declarar por su participación en un procedimiento por drogas, en donde habrían estado involucrados dos de los principales acusados: Carlos “El Cabezón” Rodríguez y Hernán “El Ruso” D’Uva Razzari.

“Lo reconocí espontáneamente. Él fue uno de las tantas veces que yo he recibido amenaza y hostigamiento (.sic)”, señaló la denunciante ante el tribunal, previo a que la querella pidiera la detención inmediata del acusado. No obstante, la solicitud fue rechazada por el tribunal y, actualmente, continúa en libertad.

De acuerdo con la declaración de Ramallo, el hecho ocurrió en febrero de 2020, cuando volvía caminando desde la zona de la Plaza Matheu hacia la Plaza Rocha, cuando un taxi se detuvo a mitad de cuadra sobre la Diagonal 73.

“Me sacó un arma grande y me dijo que ‘cierre el culo’”, recordó durante la audiencia. En línea con esto, la mujer afirmó que hasta entonces había creído que el agresor era “solo un chofer de taxi” y que recién ahora había logrado identificarlo como personal de la Comisaría Novena. “Me amenazó con el arma, me pidió que me calle”, reiteró entre lágrimas.

A raíz de esto, la mujer vinculó el episodio con las denuncias previas que realizó sobre el presunto nexo entre la Policía y el sistema de explotación sexual en la zona. “Un tipo, cana, amenazándome con un arma en un taxi, a donde los taxis manejaban a las propias víctimas en un sistema prostituyente. Y nunca me creen nada”, recriminó.

Así, Ramallo pidió medidas de protección y cuestionó que el acusado permanezca en libertad. “Ese tipo me amenazó y hoy lo tengo acá sentado y sigue caminando como si nada. Y yo ando sola en la calle”, expresó. “Quiero que se tomen las medidas que se tengan que tomar y que actúen ahora. No lo puedo ver a ese tipo otra vez, no me lo puedo cruzar”.

La querella sostiene que las amenazas buscaron impedir que Marta Ramallo declarara

De acuerdo con el pedido al que tuvo acceso este medio, las amenazas tuvieron como finalidad que Ramallo se abstuviera de declarar, aportara menos información al expediente y abandonara su reclamo de justicia por Johana. Incluso, afirmaron que la situación también podría estar vinculada con un intento de encubrir a los responsables de los hechos investigados.

Al remarcar que la condición de policía del sospechoso agravaría la acusación, los abogados encuadraron el hecho, además, como un posible caso de violencia institucional contra las mujeres, contemplado por la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres N° 26.485.

En línea con esto, la querella advirtió que la libertad del acusado podría generar riesgos para la investigación, dado que la presunta intimidación estuvo dirigida contra una de las personas que impulsa la causa.

Pidieron allanar la comisaría

Entre las medidas requeridas figuró el secuestro urgente del teléfono celular personal de Gauna. Así, la defensa de Ramallo pidió que el dispositivo sea enviado a un área especializada para realizar una extracción forense de su contenido, incluso, de archivos que pudieran haber sido eliminados.

Según el planteo, la querella mantiene la sospecha de que mensajes, llamadas y comunicaciones en aplicaciones pudieran haber sido borrados o alterados en poco tiempo. Además, plantearon que existiría el riesgo de que el acusado, en su rol de integrante de una fuerza policial, pudiera haber tenido acceso a recursos para evitar la preservación de potenciales pruebas.

Incluso, se pidió a las empresas telefónicas disponibles en el país que informen si el sospechoso posee o poseyó otras líneas telefónicas a su nombre. En caso afirmativo, solicitaron los registros de llamadas previos y posteriores a su citación a juicio oral, es decir, el 25 de septiembre de 2026.

Por otro lado, se requirió un allanamiento en la Comisaría Novena de La Plata para secuestrar los libros de guardia del 24 de febrero de 2020 (día en el que habría ocurrido la amenaza denunciada) y del 26 de julio de 2017 (día en el que desapareció Johana). El objetivo es identificar qué agentes trabajaron allí en esas fechas.

Además, los abogados pidieron un oficio al Ministerio de Seguridad bonaerense para que remita la ficha policial de Gauna, los recorridos de patrulleros en la zona durante la hora previa y posterior a los hechos, y las llamadas recibidas por el 911 en la fecha y el horario bajo análisis.

Mientras el juicio oral por delitos conexos a la desaparición y asesinato de Johana Ramallo continúa su curso, la Justicia deberá resolver ahora las medidas solicitadas por la querella. También tendrán que analizar un pedido para que Marta Ramallo pueda ampliar su declaración testimonial sobre las amenazas denunciadas.