
El cuerpo de Horacio Pinceti apareció tirado frente a una dependencia del Ministerio de Espacio Público e Higiene del Gobierno de la Ciudad, donde trabajaba junto a su hermano gemelo, en diciembre de 2017. Casi una década después, el Poder Ejecutivo publicó la resolución 868 para esclarecer el caso, investigado durante un lapso como un homicidio encubierto.
Mediante Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones a quienes aporten datos útiles sobre la muerte del inspector porteño. La medida fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del doctor Daniel Alejandro Togni, que tramita la causa bajo la carátula “NN sobre muerte dudosa dam. Pinceti Horacio”.
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El organismo solicitó en julio a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, quien además firmó la resolución, que activara el mecanismo de recompensa. A su vez, informó que el 8 de mayo pasado decidió cerrar el caso y enviarlo a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), luego de agotar todas las medidas de investigación posibles. Sin embargo, la resolución dejó en claro que “si bien no puede tenerse por probada la participación de terceros, tampoco puede descartarse la misma”.

Pinceti tenía 36 años y se desempeñaba como inspector en la Dirección General de Fiscalización de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en el edificio de la calle Huergo 941. En la madrugada del 10 de diciembre de 2017, su cuerpo cayó desde el piso 12 de ese inmueble e impactó contra la vereda. Desde el principio, la causa de la muerte generó interrogantes: la versión inicial habló de un accidente, pero luego se barajó la hipótesis de un suicidio. A medida que avanzaba la investigación, una serie de elementos hallados en la escena instalaron la posibilidad de un homicidio encubierto.
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Uno de los elementos más contundentes fue una gran cantidad de sangre hallada en el balcón del piso desde donde cayó —estimada en alrededor de dos litros por los peritos— que en un primer análisis no coincidía con la de Pinceti. Sin embargo, una segunda prueba de ADN determinó que sí era suya. La autopsia reveló además dos heridas previas a la caída: un corte en un brazo y una herida contusa en la parte baja del abdomen.
La empresa de seguridad privada del edificio brindó las cintas de solo dos cámaras de seguridad, una actitud que fue cuestionada por la familia porque, según su hermano, hubo movimiento en el edificio hasta casi la medianoche. Ambos habían estado trabajando juntos hasta esa noche.
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La Fiscalía debió solicitar el material en reiteradas oportunidades y practicó dos allanamientos sobre la empresa, sin lograr obtener la totalidad de los registros fílmicos. En el texto publicado en la madrugada hicieron referencia a la “extrema complejidad de la pesquisa, en cuyo marco se indagó la hipótesis de un homicidio encubierto bajo una falsa apariencia de suicidio, habiéndose practicado numerosas diligencias que demandaron un prolongado tiempo de ejecución, circunstancia que se tradujo en más de siete (7) años de investigación sin que pudiera arribarse a una conclusión unívoca”.
Con el archivo de la causa, la recompensa pasa a ser el principal instrumento para reactivar la búsqueda de información, según consideró el Ministerio de Seguridad. Quienes dispongan de datos pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134, donde la identidad del aportante quedará preservada.
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El pago será realizado por la mencionada cartera o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante.
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