
Un enfermero del Hospital Zonal de Esquel, ubicado en la provincia de Chubut, fue condenado por el hurto de morfina. La Justicia le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación para ejercer su profesión.
El acusado fue identificado como Marcelo Gustavo Villarroel, hallado responsable por la sustracción de ampollas del opiáceo destinadas al servicio de guardia. Los magistrados ya habían declarado por unanimidad la responsabilidad penal del acusado como autor de hurto calificado en dos hechos en concurso real, y ahora fijaron la pena tras la audiencia de cesura.
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La decisión fue dada a conocer por el tribunal mixto que intervino en el caso, integrado por los jueces técnicos Martín O’Connor, José Luis Ennis y Jorge Novarino, junto con los vocales populares Emiliano García y Celestina Farías.

Al explicar el monto de la pena, el tribunal ponderó como agravante central la naturaleza de la morfina como medicamento opiáceo de disponibilidad restringida. Según se expuso durante el debate, las ampollas sustraídas formaban parte de la reserva hospitalaria destinada a situaciones de urgencia.
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Ese elemento llevó a los jueces a concluir que la gravedad del caso excedió el valor económico del fármaco. Según explicaron, la capacidad de respuesta del servicio público de emergencias se vio afectada por la sustracción, pues se disminuyó la cantidad disponible de un insumo empleado para tratar cuadros de dolor agudo y otras intervenciones médicas en las que se necesita una administración controlada.
En ese marco, además de la prisión en suspenso, el tribunal dispuso las accesorias legales, el pago de las costas del proceso y una inhabilitación especial para ejercer como enfermero por el doble del tiempo de la condena. La fiscalía hizo especial hincapié en ese aspecto, ya que consideró que el acusado incurrió en el delito mientras se desempeñaba en funciones dentro del sistema público de salud.
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Otro de los ejes que agravaron la situación de Villarroel fue el abuso de la función y de la confianza derivada de su tarea. Se destacó que el condenado tenía más de 30 años de trayectoria en el área de salud y un amplio conocimiento del funcionamiento interno de la guardia del hospital, ámbito que él mismo había definido como “su casa”.

Para el tribunal, esa experiencia no operó como un atenuante sino en sentido contrario. El enfermero conocía con precisión las rutinas, los lugares de guardado del estupefaciente y los momentos en que podía actuar en soledad, lo que facilitó la maniobra. También se remarcó que, por su condición de agente estatal, estaba alcanzado por obligaciones éticas y legales específicas, en particular las previstas por la Ley I Nº 231.
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La condena se apoyó además en la reiteración de la conducta. El caso juzgado comprendió dos episodios ocurridos entre fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando desaparecieron un total de siete ampollas de morfina de la caja de seguridad del establecimiento: cinco el 26 de diciembre de 2024 y dos el 5 de enero de 2025.
El hombre llegó incluso a revisar pertenencias de una compañera de trabajo para obtener las llaves del estante donde se guardaba la medicación. Para los jueces, esa conducta implicó una intromisión en la privacidad de otra trabajadora y mostró una decisión de superar los resguardos institucionales que se habían dispuesto para proteger el fármaco.
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El esquema delictivo pudo reconstruirse a partir de registros de video, peritajes y otros indicios reunidos durante la investigación. Según la acusación, las filmaciones mostraron al enfermero abriendo la caja de seguridad en horas de la madrugada y cubriendo parcialmente la maniobra con su cuerpo. La defensa había cuestionado la validez de las filmaciones, pero ese planteo de nulidad fue descartado por los jueces.
Por otro lado, el imputado accedió a las llaves que los médicos guardaban en mochilas y casilleros dentro del sector de enfermería. A eso se sumó una pericia escopométrica que confirmó su identidad en los registros audiovisuales, además del hallazgo en su teléfono celular de la fotografía de una ampolla de morfina. También, tuvieron en cuenta que dejaron de faltar estupefaciente después de que Villarroel fue detenido.
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Como circunstancia favorable al condenado, el tribunal solo contempló la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, ese elemento no alcanzó para neutralizar el peso de los agravantes expuestos por el Ministerio Público Fiscal y valorados en la sentencia.
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