Una jueza ordenó que una acusada por el crimen de Cecilia Lazcano estudie en otra escuela: el enojo de la familia

El último viernes, la causa por el brutal crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente de 16 años que fue asesinada el pasado 16 de julio en Alvear, provincia de Corrientes, contó con una audiencia de coerción tan relevante como polémica.

Celebrada en la Oficina Judicial de la V° Circunscripción, en la ciudad de Santo Tomé, la jueza de garantías en turno, Claudia Luco Montero, dispuso que N.Y.L., la menor acusada por ser coautora del crimen de Cecilia Lazcano, continúe los estudios en otra escuela.

Según consta en la resolución a la que accedió Infobae, la magistrada ordenó que N.Y.L. concurra a un establecimiento escolar de la ciudad de Santo Tomé, el cual podía ser informado hasta este miércoles ante la Oficina Judicial (Ofiju).

En ese sentido, fuentes del caso explicaron a este medio que la jueza Luco Montero se apoyó en la ley de menores vigente, la cual aboga por la contención y el desarrollo del menor, y no en su marginación ni encierro como primera medida.

Hasta esta mañana, fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que la escuela seleccionada no había sido comunicada hasta ese entonces, aunque al mismo tiempo aclararon que ese dato deberá mantenerse “en secreto”.

La medida de coerción para la imputada incluye la obligación de estar bajo el estricto cuidado de su progenitora y en un domicilio de la ciudad de Santo Tomé. Así, una mujer que se identificó como madrina del padre de la menor puso a disposición su domicilio, un departamento de alquiler ubicado en el barrio Cerro.

Un momento llamativo de la audiencia se registró cuando la mujer titubeó al ser consultada por el nombre de su ahijado. “Eeeh... (risa incómoda), Orlando Lescano”, dijo tras dudar unos segundos.

Sobre este punto, la jueza Luco Montero argumentó su resolución al destacar que la privación de la libertad era una medida “excepcional”, que únicamente se aplica en caso de una posible fuga o la obstaculización de la investigación.

Según su punto de vista, la adolescente “va a tener un lugar donde estar, hay arraigo, colaboró con la investigación, residirá en Santo Tomé, sin posibilidades de retornar a Alvear, y se someterá a una terapia psicológica”, sostuvo.

A su vez, N.Y.L. deberá someterse a un tratamiento psicoterapéutico conforme a lo recomendado por la psicóloga forense, debiendo acreditar tratamiento y seguimiento dentro de un plazo de 15 días desde la notificación.

La menor, además, tiene prohibido salir de los límites de Santo Tomé sin previo aviso a la Fiscalía local, como así también el ingreso a la ciudad de Alvear.

En este marco, la jueza Luco Montero dispuso que personal de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) provincial se encargue, durante la vigilancia de la menor, de su asistencia psicológica, psiquiátrica, su reinserción escolar, vinculación familiar y toda otra medida que asegure el respeto a la integridad psicofísica de la misma.

Ante este escenario, el abogado querellante Juan Saucedo tomó la palabra y no solo expresó su rechazo a la resolución. Además, anunció que presentará su impugnación e instó al fiscal Facundo Cabral a que apele la negatoria del pedido de prisión preventiva para la acusada.

La indignación de los padres de Cecilia Lazcano

A través de una videollamada, los padres de la víctima siguieron de cerca la audiencia de coerción para la imputada y manifestaron su profundo rechazo a lo resuelto por la magistrada.

“Estoy indignada (por la decisión judicial) porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más”, se quejó Corintia Vila, según pudo saber este medio. Y en esa misma línea, planteó: “¿Qué más pruebas necesitan? Están todos los mensajes (que la menor cruzó con su novio, imputado como autor material del crimen)”.

Decepcionada por el accionar de la justicia, la mujer sostuvo que la imputada “seguirá estudiando, se va a recibir y luego todo quedará en el olvido”. Y cerró: “Fin de la historia”.

<b>El hecho</b>

Aún con vida, Cecilia fue encontrada el último 16 de julio en la antigua estación de tren de Alvear con heridas graves en el cuello y las muñecas. Inmediatamente, la trasladaron en ambulancia hacia la capital provincial, pero murió en el camino debido a las lesiones. Desde ese primer momento, las características de las heridas generaron dudas entre los investigadores. El fiscal describió que la “ferocidad de la lesión” no resultó compatible con la hipótesis inicial del suicidio, lo que encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal.

El avance de la causa estuvo determinado por el trabajo articulado entre el área de Delitos Complejos y la Comisaría local de la Policía de Corrientes. La clave del giro investigativo radicó en el peritaje de los dispositivos móviles secuestrados y las cámaras de seguridad.

A ese elemento se sumó el rastreo del teléfono de la víctima, que permaneció encendido de manera sospechosa durante varios días tras su muerte. Los registros fílmicos de la zona aportaron otro indicio que muestra a Lazcano dirigiéndose hacia el lugar del hecho junto a un joven que llevaba una pala en la mano. Se trataba del ya mencionado J.

Según detalló el fiscal, las cámaras también registraron al sospechoso regresando solo al lugar y con ropa diferente a la que vestía momentos antes.

Los peritajes incluyeron el análisis de mensajes recuperados del celular del joven, lo que dejó al descubierto una planificación previa al crimen, además de conversaciones registradas con posterioridad al hecho. “Se pudo determinar algo atroz porque se pudo ver la planificación del homicidio”, afirmó Cabral.

También se ejecutaron allanamientos en donde secuestraron zapatillas con manchas de sangre y se halló una huella de calzado específica en la escena del crimen.