Condenaron a seis años de prisión al hombre que estalló una bomba frente a un local de La Cámpora

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Pablo Antonio Ceferino Dahua a seis años de prisión por haber detonado un artefacto explosivo frente a un local partidario de La Cámpora en esa ciudad, en la madrugada del 25 de mayo de 2021.

En el marco de un juicio abreviado, el hombre de 50 años aceptó su responsabilidad en los hechos y admitió haber liderado durante más de tres años una asociación ilícita “destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor”.

Además del cargo por integrar la asociación ilícita, Dahua fue hallado responsable del delito de explosión con peligro común para los bienes —con riesgo de muerte para alguna persona— y de dos hechos de fabricación o tenencia de materiales explosivos. El tribunal le fijó también una inhabilitación especial de diez años para obtener la licencia de legítimo usuario y cualquier tipo de habilitación vinculada a la ley nacional de armas.

Un segundo integrante de la agrupación, Francisco Rosales, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional como coautor del delito de tomar parte en una organización ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor y por haber llevado adelante actos discriminatorios.

Entre las reglas de conducta que el tribunal le impuso figura la donación de 500 mil pesos en favor de alguna institución de bien público o programa de esa índole de la comunidad judía, además de la obligación de abstenerse de utilizar armas de fuego.

El hecho que originó la causa ocurrió en las primeras horas del 25 de mayo de 2021, cuando un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en el exterior del local conocido como “Ateneo Néstor Kirchner” ubicado en la esquina de las calles Berutti y Donado, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Según el informe de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad, al que Infobae tuvo acceso en ese momento, el artefacto fue activado por control remoto y contaba con “el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros”. Entre los escombros quedaron panfletos con descalificaciones dirigidas a políticos, sindicalistas, periodistas y jueces, y amenazas explícitas contra varios sectores.

El volante hallado junto a los escombros llevaba una advertencia directa: “Ahora a cuidarse traidores sabemos donde viven. HARTOS!!! DE TODOS USTEDES”. La detonación, que sacudió el vecindario pasadas las 2:55 de la madrugada, despertó a los residentes del barrio.

La explosión provocó que se rompiera una ventana del lugar, la reja que la resguardaba y la persiana metálica del espacio partidario. La mayor parte de los destrozos afectó los cristales y vidrios dentro de un área de aproximadamente 15 metros de radio, sobre todo en propiedades ubicadas en esa calle y en ciertos departamentos.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a este medio que en los resultados iniciales de las pericias se determinó que el artefacto detonado a la distancia estaba confeccionado con un tubo de aluminio. “No era ningunos improvisados”, fue el análisis que compartieron.

“Este ataque es un hecho de gravedad institucional que pone en evidencia hasta dónde pueden llegar los discursos de odio que incitan y avalan este tipo de conductas, contrarias a toda convivencia democrática”, señaló en aquel momento La Cámpora mediante un comunicado desde las redes sociales.

En pararlelo la Justicia federal investigaba otro sobre el cual encotró algunas coincidencias con el primero de los casos. El ataque a la Asociación Israelita de Bahía Blanca, que fue vandalizada con pintadas que decían “los vamos a matar, ratas judías”.

La competencia quedó finalmente en manos de la justicia federal. Dahua se encontraba detenido al momento de la condena en el marco de otra causa por homicidio que tramita en la justicia penal bonaerense. Su aceptación de responsabilidad en el juicio abreviado abarcó tanto el ataque explosivo del 25 de mayo como su rol de líder en la asociación ilícita durante más de tres años, período en el que la agrupación cometió diversos actos discriminatorios.

El tribunal actuó de manera unipersonal bajo la conducción del juez federal Ernesto Sebastián. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Gabriel González Da Silva y el auxiliar fiscal Juan Pablo Ghidini. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó en la causa como querellante.