La Justicia de Santa Fe resolvió imponer una medida de restricción de la libertad ambulatoria a la mujer de 22 años identificada con las iniciales R.A.M., que está bajo investigación por el homicidio de su hijo Izan Aguirre ocurrido en la ciudad de San Justo. La decisión fue adoptada por el juez José Luis García Troiano tras el pedido formulado por las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.
La medida restrictiva se mantendrá vigente hasta que una junta médica se expida sobre el estado de salud mental de la acusada. Las conclusiones de la pericia serán clave para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso judicial y si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.
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Durante la audiencia, las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) atribuyeron a la mujer la presunta autoría de homicidio agravado por el vínculo. Los informes de la causa indican que la muerte del menor se produjo entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada en una vivienda ubicada en calle Cortada 27, barrio Rey.
El resultado preliminar de la autopsia estableció que Izan Aguirre falleció por asfixia provocada por estrangulación manual, lo que generó la oclusión de las vías aéreas superiores. El hallazgo del cuerpo estuvo a cargo del abuelo paterno, quien relató haber recibido la alerta de un vecino por ruidos y una posible situación de violencia durante la madrugada.
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Entre las medidas adoptadas, el proceso judicial incluyó el traslado de la acusada desde el hospital psiquiátrico Mira y López a la Unidad N° 4 de la cárcel de mujeres de Santa Fe, luego de recibir asistencia psicológica. La defensa propuso que la imputada permaneciera alojada en un hospital psiquiátrico, pero el juez rechazó ese planteo tras el pedido de las fiscales, quienes argumentaron que la modalidad ambulatoria no resultaba posible en este caso.
La investigación, a cargo de las fiscales Urquiza y Montegrosso, avanza ahora con la recolección de evidencias, entre ellas un teléfono celular, una notebook, ropa de cama y muestras biológicas secuestradas en el domicilio familiar. Los peritajes y la evaluación de la salud mental de la acusada resultan determinantes para la definición de su situación procesal.
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Según el testimonio del abuelo y de otros familiares, no existen antecedentes de violencia ni denuncias previas por maltrato infantil en el entorno de la víctima. El expediente continuará en trámite hasta la realización de la junta médica, que definirá los próximos pasos procesales en torno a la imputada.
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