La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves un recurso de la defensa del comandante Juan López Torales, conocido como el “gendarme carancho”, y habilitó el avance del debate oral para investigar su accionar durante una protesta de trabajadores sobre la autopista Panamericana en julio de 2014, cuando simuló un atropello para justificar detenciones.
Aquel episodio cobró notoriedad tras difundirse imágenes en las que López Torales se arrojaba sobre el capó de un vehículo en movimiento en medio de la manifestación. La situación quedó documentada por periodistas presentes, lo que permitió reconstruir en detalle los hechos previos y posteriores al incidente.
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Tras un largo recorrido judicial, la causa finalmente llegará a juicio con López Torales imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio.
El fallo del máximo tribunal, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la pretensión de la defensa, que buscaba el sobreseimiento por prescripción. La decisión confirma lo resuelto previamente por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín y la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa se remonta a los hechos ocurridos el 1° de julio de 2014 en el partido de Tigre. Durante la protesta en la autopista por parte de trabajadores de la autopartista Lear, López Torales tomó carrera y se tiró sobre el vehículo conducido por Cristian Romero.
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La maniobra hubiera sido exitosa si no fuera porque quedó filmada. Y en la grabación se nota que todo fue un gran simulacro para detener al manifestante y poner fin a la protesta. Por eso López Torales fue bautizado como el “gendarme carancho”, por la fraudulenta práctica de los que se arrojan sobre automóviles para falsear un accidente de tránsito y pedir una indemnización.
Además de la burda maniobra, en el video se observa a otros agentes de Gendarmería que rodearon el auto, agredieron a Romero y lo detuvieron.
En su declaración testimonial, López Torales sostuvo que había sido atropellado. Su relato no fue creíble y probado para la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien lo procesó en mayo de 2016. Dicha medida que fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín. La causa fue elevada a juicio en 2024.
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En un intento por evitar el debate, la defensa realizó un planteo de prescripción, que fue rechazado por el TOF N°5 y luego por la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa de López Torales acudió entonces en queja ante la Corte Suprema, que confirmó el rechazo, según surge de la resolución publicada hoy.
Hay que recordar que la instrucción también involucró al entonces viceministro de Seguridad, Sergio Berni -actual legislador provincial-, y al coronel Roberto Galeano, a quien los manifestantes señalaron por haberse infiltrado entre los protestantes antes del hecho.
En el marco del hecho, Romero demandó al Estado por los “daños y perjuicios”. En aquella presentación, la víctima relató: “Me apresto a poner primera marcha y arrancar el vehículo cuando, súbitamente, un gendarme de enormes proporciones directamente se arrojó sobre el vehículo Chevrolet que conducía. Se trató de López Torales, aquí demandado. Con toda su humanidad se había tirado sobre el capot provocando una importante abolladura y con su codo golpeó fuertemente el parabrisas haciendo estallar los cristales”.
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“Me aplicaron golpes de puño, me arrojaron al piso, me dieron puntapiés, arrastraron mi cuerpo por el pavimento. En tanto que me colocaban las manos hacia atrás, sin que siquiera atinara a algún tipo de reacción, me golpearon, patearon y vejaron entre varios gendarmes. Me esposaron con las manos hacia atrás y me levantaron con el consabido dolor en las muñecas”, recordó Romero sobre la violenta detención.
Y concluyó: “Sin que nada lo hiciera suponer, me encontraba detenido. Sin haber hecho nada, López Torales había inventado que lo había atropellado y con esta falsa situación promover una detención carente de toda verdad”.
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