Marcela S., de 57 años, vecina de Versalles, fue arrestada esta semana por la Policía Federal. La División Delitos Tecnológicos allanó su departamento. Le secuestraron su teléfono celular, que podrá ser peritado. Los investigadores encontraron, también, un póster de la nueva película de Natalia Oreiro y Adrián Suar, “Yo, Narciso”. La cara de Suar estaba prolijamente recortada.
La acusación contra Marcela era inquietante. El juez Marcos Fernández y el fiscal Juan Pedro Zoni la buscaban por una serie de 30 amenazas de bomba. Una serie de correos electrónicos había sido enviada a distintos objetivos el viernes 14 de este mes. El mensaje decía, en mayúsculas:
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“ACTIVAMOS BOMBAS OCULTAS EN TECNOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ACTORES, DEL HOSPITAL GARRAHAN, Y SALAS DEL FILM, ‘YO NARCISO’ EN CINEMARK Y DE MULTITEATRO POR ‘SECRETO EN LA MONTAÑA’, AMBAS PRODUCCIÓN (sic) DE ADRIÁN SUAR. LAS BOMBAS ESTALLAN SABADO 8 HS, DE NO BAJARLAS DE CARTEL EN DIA VIERNES”.
Las amenazas fueron tomadas en serio: “Yo, Narciso” era proyectada en más de 20 salas. Los perros especialistas de la PFA olfatearon cines, teatros y sectores del Garrahan, sin hallar explosivo alguno. El correo fue firmado por una asociación inexistente, CATYCEM, sigla de “Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios”.
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Se hicieron consultas. Google aportó información. El gigante corporativo tech indicó el camino a un dispositivo Android vinculado a siete cuentas de correo. Una de esas cuentas estaba vinculada a un nombre: el de Marcela S. Así, el juez del caso pidió el arresto de la vecina de Versalles. Se hicieron tareas de campo antes de su detención. Se descubrió, por ejemplo, que Marcela vivía con su madre y su hermana.
Las intimidacioness fueron enviadas a objetivos muy puntuales, curiosos de por sí, infrecuentes para las amenazas random de bomba que se repiten en ciudad. Se trató de la casilla de mail de sorteos de la Cámara Criminal y Correccional y un instituto superior de profesorado. Ambos destinos, en cierta forma, se atan con la vida de Marcela.
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La mujer acusada trabajó como docente en diversos colegios públicos, como la Cristóbal Hicken, donde fue maestra de Lengua y Literatura de quinto grado. Allí, de acuerdo a documentos oficiales, tuvo un problema cinco años atrás. Enfrentó un sumario administrativo, de acuerdo al Boletín Oficial porteño, por supuestamente abandonar su puesto de trabajo tras una licencia de casi un año, entre abril de 2018 y marzo de 2019.
El 8 de marzo de 2022, un año más tarde, el Gobierno porteño la cesanteó, no por la situación en el Cristóbal Hicken, sino por otro expediente administrativo, formado por supuestamente violar artículos del Estatuto Docente como profesora en el Ingeniero Huergo, un conocido secundario público. Curiosamente, había sido reincorporada a la escuela Hicken, tras presentar una apelación.
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Así, Marcela comenzó sus quejas. Llegó hasta el Congreso. Incluso, acusó a una jueza porteña, Karina Zucconi, con una presentación por supuesta discriminación en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a documentos de acceso público. Zucconi, según los documentos, archivó una denuncia de Marcela S. La queja en la Magistratura fue rechazada en abril de 2023.
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