
Un hombre fue detenido este miércoles en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, luego de que fuera denunciado por presunta estafa. Según trascendió, el dueño de la empresa para la que trabajaba lo acusó de supuestamente haber desviado fondos hacia sus cuentas bancarias.
Todo comenzó con la presentación realizada por el propietario de la firma, quien señaló que uno de los empleados que se desempeñaba en el área de ventas y cobranzas se habría transferido parte del dinero que abonaban los clientes. Los movimientos se habrían repetido en varias oportunidades, por lo que estimó un perjuicio económico de 24 millones de pesos.
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Luego de que comenzaran a investigar el caso, las autoridades detectaron que todas las transferencias que había realizado eran destinadas a cuentas y billeteras virtuales que habían sido abiertas a su nombre. A partir de esto, se ordenó un pedido de captura.
De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, el personal de la División Leyes Especiales Metropolitana ubicó al empleado sospechoso cuando circulaba por la intersección de la Avenida Sabin y la Ruta Nacional N° 16, en la capital chaqueña.
Después de que el hombre quedara detenido y a disposición de la Justicia, los agentes confirmaron el secuestro de dos teléfonos celulares. La causa se encuentra bajo investigación del Equipo Fiscal N° 6, que ya ordenó que los dispositivos sean sometidos a las pericias correspondientes.
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Cayó la empleada de una boletería en Chaco por estafa
A mediados de marzo de este año, la Policía de Chaco detuvo a una empleada de una empresa de micros en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña acusada de realizar múltiples estafas con tarjetas de crédito de sus clientes. La investigación se inició tras la denuncia de varios damnificados que detectaron consumos no autorizados en sus resúmenes de cuenta, situación que llevó la causa a la órbita de la Fiscalía N° 1, bajo la dirección del fiscal César Collado.
Los primeros indicios surgieron cuando una mujer de 31 años advirtió consumos superiores a $1.100.000 en plataformas asociadas a empresas de transporte, sin haber autorizado dichas compras. Otro damnificado, un hombre de 62 años, reportó gastos cercanos a $1.400.000 luego de que una boletera de la empresa “20 de junio” retuviera su tarjeta bajo el argumento de un problema técnico.
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A partir de esto, el personal de la División Investigaciones Complejas desplegó un dispositivo de vigilancia en el principal nodo de transporte de la ciudad. Las tareas incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, seguimiento discreto y cruce de información con registros de ventas y movimientos bancarios. Tras varios días de labor, los agentes identificaron a una empleada de boletería como principal sospechosa.

La mujer, identificada como E. P. D. G. (45), fue interceptada y detenida por orden judicial en las inmediaciones de la terminal. Durante el operativo, los efectivos incautaron un cuaderno con anotaciones de datos personales, números de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento. También se secuestró un teléfono celular, que podría aportar información a la causa.
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De acuerdo con la investigación, la detenida ya estaba vinculada a otras causas por estafas de características similares, algunas bajo intervención de la Fiscalía N° 3. Esta información reforzó la hipótesis de un patrón delictivo reiterado y no de hechos aislados. El operativo fue coordinado por la División Investigaciones de Sáenz Peña, a cargo del comisario Diego Alberto Moreyra y bajo la supervisión del comisario principal Ramón Darío Romero.
Por disposición judicial, la mujer fue notificada formalmente de su aprehensión y fue alojada en una dependencia policial, a la espera de ser trasladada a sede judicial. La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar la cantidad de víctimas y el monto total que reunirían las operaciones fraudulentas.
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Según los investigadores, el modus operandi consistía en apropiarse de los datos de las tarjetas durante la venta presencial de pasajes, para luego efectuar compras no autorizadas en plataformas digitales vinculadas al rubro del transporte. De esta manera, las víctimas detectaban el perjuicio económico únicamente al recibir sus resúmenes bancarios.
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