Desmembrado y descartado en una valija: los dos testimonios clave en el inicio del juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

El juicio por jurados por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el trader que fue asesinado, descuartizado y descartado en una valija en un arroyo de Lomas de Zamora, comenzó este lunes contra los dos presuntos autores del homicidio, Maximiliano Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas y uno sus cómplices, Matías Gil, imputado como coautor.

La jornada comenzó con la preselección del jurado, con la presencia de Javier Baños, abogado de la familia de la víctima. Si todo se da en tiempo y forma, el debate continuará el martes desde las 9 de la mañana, con dos importantes testimonios: el de la martillera Vanesa Romera y el de la escribana Carolina Cerrato. Ambas declaraciones resultaron claves en la investigación.

Romera, incluso, fue esencial en la trama. Sucede que el cuerpo se había encontrado en el Arroyo del Rey, en un sector ubicado en la calle Comodoro Rivadavia, entre Figueredo y Azamor, de Ingeniero Budge, entre el 23 y el 25 de julio de 2023, a varios kilómetros del sitio donde la víctima residía de forma temporaria (Ituzaingó) y aún más lejos de dónde fue asesinado (General Rodríguez). Por el estado, fue difícil identificar.

Sin embargo, Pérez Algaba tenía una búsqueda de paradero vigente tras una denuncia presentada ante el fiscal Marcelo Tavalaro de Morón por la martillera, quien le había alquilado de forma temporaria un departamento en la calle Olazábal, en Ituzaingó.

El contrato era del 12 al 19 de julio, fecha en la que el trader volvería a España, Barcelona, donde se había radicado. Sin embargo, Pérez Algaba nunca apareció para devolver las llaves de la propiedad, pese a que ya tenía el pasaje de regreso.

Al ingresar a la unidad, los investigadores hallaron valijas armadas, perfumes, medicación psiquiátrica, una notebook y un IPad. Era evidente que la víctima pensaba regresar por sus pertenencias personales. En cambio, los investigadores no encontraron sus tres celulares, su billetera ni a su perro Cooper.

Con la averiguación de paradero, el fiscal del caso, Marcelo Domínguez, comprobó que se trataba del mismo hombre que había sido desmembrado.

En cuanto a Cerrato, su testimonio es clave debido a que fue en su escribanía, ubicada en Castelar, donde se firmó el acuerdo por la deuda entre Pilepich y “Lechuga”. El acto fue rubricado por la gestora Flavia Bomrad, otra de las implicadas en el asesinato.

De acuerdo a la investigación, Bomrad colaboró activamente para “facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Maximiliano Pilepich, a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia ‘Renacer’”, el predio de General Rodríguez, donde se planeaba la construcción de un barrio privado y que resultó ser la escena del crimen.

El 18 de julio, la víctima fue con su perro a “Renacer” para cobrar la primera cuota (20 mil dólares) de los 50 mil que le reclamaba a Pilepich, quien se presentaba como un emprendedor inmobiliario. Para el fiscal, el trader cayó en una trampa. Le dispararon dos veces por la espalda, mientras cambiaba una lamparita, “por codicia”, determinó el fiscal.

Aunque no está acusada y su participación en el expediente es vital como testigo, Cerrato es representada por el abogado Ignacio Barrios. “Mi cliente aportará su testimonio con el fin de esclarecer el caso. Estimamos que el juicio podrá extenderse hasta el 9 de julio y que, con las pruebas que hay, el jurado podrá determinar su veredicto”.

El martes también declararán una oficial que presta servicio en la comisaría de Ituzaingó y Francisco Pérez Cambiaso, otro empresario inmobiliario que había hecho negocios con “Lechuga”.

El resto de los acusados

Fernando Carrizo, Luis Contreras y el excomisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, enfrentan cargos por haber prestado colaboración en las distintas etapas del plan, especialmente en el embalaje y traslado de los restos desmembrados.

Por su parte, Blanca Gladys Cristaldo será juzgada bajo la acusación de encubrimiento agravado, señalada por dar alojamiento a Pilepich en su vivienda de Paso del Rey mientras este permanecía prófugo de las autoridades.