
En agosto del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejó firme las condenas para los acusados e implicados en el asesinato de Blas Correa, ocurrido en 2020. Entre ellos se encontraba el cabo Juan Antonio Gatica, quien junto a Leandro Alexis Quevedo, recibieron cuatro años. Ambos debían presentarse el mes pasado para comenzar a cumplir la pena; sin embargo, no lo hicieron y se dieron a la fuga.
Según informó Cba24n, este miércoles, y luego de una intensa búsqueda y una orden de captura por parte de las autoridades, Gatica se entregó. El ex agente debía comparecer el 22 de abril ante el Tribunal integrado por los vocales Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Carlos Palacio Laje debido a que su sentencia había recibido doble conforme, primero por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y posteriormente por el rechazo del Alto Cuerpo al recurso extraordinario presentado por la defensa ante la Corte Suprema.
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Esta última confirmación ocurrió en diciembre pasado, por lo que Gatica indicó a su abogado que se presentaría el lunes 27 de abril, pero se declaró en rebeldía y no lo hizo, al tiempo que perdió contacto con su defensor.
La condena para los dos ex integrantes de la fuerza policial —junto a otros— incluyó el “encubrimiento agravado” por el crimen.
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El asesinato se produjo hace casi seis años, tras un confuso episodio que involucró a dos individuos en moto, un grupo de adolescentes en un auto, y a la Policía de la provincia. En el rodado, un Fiat Argo, se encontraba la víctima de 17 años junto a los amigos que regresaban de cenar, cerca de la medianoche del 6 de agosto.
Una breve discusión con los motociclistas derivo en un operativo policial sobre el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Romagosa que aguardaba al arribo del vehículo con los jóvenes. El conductor empezó a reducir la velocidad con la intención de frenar, sin advertir la situación. Al notar que uno de los agentes lo apuntaba con un arma, optó por acelerar, de acuerdo con su declaración ante la justicia. En ese momento los agentes dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo.
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El chico de 18 años que manejaba explicó: “Lo primero que hice fue bajar la velocidad, puse tercera, hice un rebaje a segunda y cuando paso por el frente del móvil y al lado de policía, veo que levanta el arma y me apunta a la cabeza”. Sobre ese momento, relató: “Después que pasé al lado del policía, escuché ruidos, primero uno seco, de cuando se dispara el arma y un ruido de chapa, y después otro ruido seco y el ruido de rotura del cristal. Ahí giré para atrás el cuello y veo la luneta cristalizada”.
Uno de los jóvenes recordó: “No escuché ninguna voz de alto. Inmediatamente, sentí el sonido de un disparo y como un aire que me ‘peinó’ en la cabeza”. Las balas impactaron en el auto y llegaron hasta Blas que llegó a decir:“Me dispararon” y “Llévenme a un hospital”, antes de morir.
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La sentencia original se dictó durante un juicio oral y público en el que estuvieron involucrados trece integrantes de la Policía provincial. Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron la condena máxima de prisión perpetua, tras ser considerados responsables del homicidio calificado por pertenecer a la fuerza, agravado por el empleo de arma de fuego, y por el intento de homicidio contra los demás amigos de Correas.
Por su parte, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga fue sentenciado a cuatro años y ocho meses; el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez, a dos años y medio en suspenso por falso testimonio, y los cabos Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica recibieron cuatro años cada uno. A la vez, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos. La agente Wanda Micaela Esquivel recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, y la oficial Florencia Yamila Martínez, de cuatro años y tres meses.
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Participaron luego en la maniobra para “plantar” un arma a las víctimas. El subcomisario Sergio Alejandro González fue condenado a cuatro años y diez meses, y los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo recibieron condenas de cuatro años y nueve y ocho meses, respectivamente, por omitir denunciar a tiempo lo sucedido.
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