Detuvieron a un ciudadano peruano y secuestraron más de $35 millones en tres allanamientos por un caso de trata

Las autoridades ejecutaron los operativos de manera simultánea por una causa que investiga la captación, abuso y explotación de mujeres en Mar del Plata

La Prefectura Naval Argentina detuvo a un ciudadano peruano en medio de tres allanamientos en simultáneos (0223)
La Prefectura Naval Argentina detuvo a un ciudadano peruano en medio de tres allanamientos en simultáneos (0223)
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La Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo este martes a un hombre de 38 años de nacionalidad peruana acusado de trata de personas tras ejecutar dos allanamientos simultáneos en el barrio La Perla de Mar del Plata, uno de ellos en un hotel.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la Secretaría Penal N°2, cuya titular es la doctora Silvana Sánchez. La PNA se presentó en el lugar con dos órdenes de allanamiento y una de detención para llevar adelante los procedimientos.

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Durante los registros, las fuerzas de seguridad secuestraron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, junto a dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados a la causa. El total de lo incautado superó los 35 millones de pesos. También detectaron la presencia de tres mujeres en los puntos allanados que fueron entrevistadas por los especialistas, aunque se desconoce el rol que cumplían.

Según informó 0223, el hombre quedó detenido y otras dos personas fueron notificadas por ser consideradas parte de la misma organización. Por disposición del magistrado interviniente, el principal imputado permanece alojado en la sede que la PNA tiene en la zona del puerto de Mar del Plata.

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En el marco de los operativos, participaron representantes de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Desmantelaron una red de trata de personas en Salta

Una investigación federal permitió desarticular una red de explotación sexual de mujeres y menores en un conjunto de departamentos ubicados en avenida Artigas, en la ciudad de Salta. El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional bajo la coordinación del fiscal federal de casos complejos.

El procedimiento se desarrolló a mediados de abril. En el predio donde se ejecutaron los allanamientos, se hallaron departamentos que son prácticamente invisibles desde la calle.

Según la información a la que accedió El Tribuno, la fuerza federal inició el operativo pasado el mediodía y mantuvo estricta reserva sobre los detalles de la causa. Un camión laboratorio de Gendarmería y personal femenino especializado en rescate de personas tomaron parte en las tareas dispuestas por la Fiscalía.

Personal de Gendarmería Nacional allanó varios departamentos ubicados en un pasillo de acceso restringido (Fuente: El Tribuno)
Personal de Gendarmería Nacional allanó varios departamentos ubicados en un pasillo de acceso restringido (Fuente: El Tribuno)

Los elementos hallados durante el procedimiento no fueron informados así como tampoco la cantidad de víctimas rescatadas. El expediente pasó a la órbita federal al adquirir una dimensión mayor: “La investigación es explotación sexual de mujeres mayores y menores en esos departamentos”.

El despliegue en avenida Artigas forma parte de una serie de acciones coordinadas por la Justicia Federal en la lucha contra la trata de personas y los delitos conexos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cada año se detectan y desarticulan redes que funcionan en distintas provincias, con base en la vulnerabilidad de mujeres, adolescentes y niñas. El fenómeno involucra tanto a víctimas locales como extranjeras, muchas captadas mediante engaños o promesas de empleo.

La Ley 26.364, promulgada en 2008 y modificada en años posteriores, establece el marco legal para la prevención y sanción de la trata de personas en la Argentina, así como la asistencia integral a las víctimas. La norma reconoce que la captación, el traslado y la explotación de personas con fines sexuales constituyen un delito federal, y dispone la intervención de fuerzas de seguridad nacionales y fiscalías especializadas en la materia.

A partir de su sanción, el Estado nacional reforzó los mecanismos de persecución penal y amplió las herramientas disponibles para los organismos intervinientes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a diversas organizaciones no gubernamentales, desarrolló protocolos específicos para el rescate y la protección de quienes logran salir de estas redes.

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