Pidieron llevar a juicio a 34 personas acusadas de traficar armas entre Argentina y Chile

La fiscalía federal de Mendoza pidió elevar a juicio oral la causa que tiene imputadas a 34 personas por integrar una banda dedicada al contrabando de armas hacia Chile, con conexiones también en Brasil.

El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza (UFM), tras considerar que la investigación -que se extendió por más de dos años y que derivó en el secuestro de 36 armas, 32 cargadores y más de 2.000 municiones de distintos calibres- había reunido el material suficiente para avanzar en este proceso.

La acusación estableció que la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, y estaba integrada por ciudadanos argentinos y chilenos. Según la investigación, existían dos jefes radicados en Chile que definían el origen del armamento y los itinerarios. En tanto, otro grupo de colaboradores se ocupaba de coordinar la logística en territorio argentino que implicaba el transporte y el cruce clandestino de las armas hacia el país vecino.

Traslados en camiones

El Ministerio Público Fiscal explicó que el circuito comenzaba con viajes a Brasil para adquirir el material; luego era ingresado de forma irregular al país —en la provincia de Buenos Aires— y trasladado hacia Mendoza para su posterior cruce por el Paso Internacional Cristo Redentor, oculto en las cabinas de camiones de carga internacional.

Entre los episodios, detallaron uno ocurrido en abril de 2022 cuando efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de La Paz, a uno de los acusados que viajaba en un colectivo de larga distancia con once armas y 18 cargadores ocultos en su equipaje. El análisis de su teléfono celular permitió identificar comunicaciones con otros integrantes de la banda y rastrear un viaje previo a la frontera con Brasil para la compra del armamento.

Dos semanas más tarde, un camionero fue detenido en Uspallata cuando transportaba hacia el país trasandino once armas, siete cargadores y más de 2.000 municiones escondidos en la cabina de su vehículo, que llevaba una carga de azúcar como fachada. El tercer caso se registró a fines del año siguiente cuando dos ciudadanos chilenos fueron interceptados en la ruta nacional 38, en Tucumán, con ocho pistolas y cinco cargadores ocultos entre su ropa y equipaje en un colectivo de pasajeros.

A su vez, detectaron que en distintos domicilios del departamento mendocino de Maipú se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, balanzas y registros de ventas. Para el MPF, parte de los integrantes de la organización utilizaba la misma infraestructura logística del tráfico de armas para comercializar drogas. Por esa razón, algunos de los acusados enfrentan también cargos por infracción a la ley de estupefacientes, además de los delitos de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y tenencia ilegítima de armas.

La evidencia reunida incluyó escuchas telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros y tareas de seguimiento, además de cooperación internacional con Chile. El fiscal Alcaraz sostuvo que ese material permitió “develar la estructura y organigrama del grupo criminal” e identificar el nivel de participación de cada imputado. La organización se manejaba con transferencias de dinero entre ambos países para financiar viajes, compras de armas y traslados.

El operativo de mayor envergadura se realizó el 23 de mayo de 2024, con allanamientos simultáneos en más de 30 domicilios de Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile, coordinados junto al fiscal chileno Ricardo Reinoso Varas, de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En los procedimientos intervinieron la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, y se secuestraron armas, teléfonos, documentación y otros elementos de interés para la causa.

La causa absorbió también investigaciones paralelas de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de la fiscal Alejandra Mángano, y de la fiscalía federal de Tucumán, a cargo del fiscal Agustín Chit. Los 34 acusados se encuentran actualmente con prisión preventiva en distintas modalidades mientras aguardan la definición de la fecha de inicio del debate oral.