Hace poco más de un mes, el Gobierno decidió ajustar los lineamientos del Programa de Acompañamiento Social para hogares vulnerables, que tiene como fin profundizar la inclusión y mejorar las condiciones de vida. Hoy, a través de Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano publicó la resolución 209/2026 para realizar algunas modificaciones sobre el mismo relacionadas con las condiciones de acceso.
La medida firmada por la titular de la cartera, Sandra Pettovello, actualiza el apartado “Situación Penal” del reglamento operativo del programa, que refiere a las compatibilidades e incompatibilidades para el acceso a la asistencia.
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El texto aprobado establece tres causales de incompatibilidad vinculadas a la situación judicial de los postulantes: ser prófugo de la justicia penal o correccional, ya sea en el ámbito nacional, provincial o federal; estar detenido a disposición del Poder Judicial, hasta que cese esa condición; o estar cumpliendo una condena penal con sentencia firme, hasta la finalización de la pena. Estas tres categorías quedan incorporadas al artículo 9°, Título IV del reglamento.
Ya en la resolución 202/2025 el ministerio había incluido como incompatibles a quienes estuvieran a disposición de la justicia o cumpliendo una condena. La posterior resolución 90/2026 sustituyó los lineamientos generales y operativos del programa, lo que generó la necesidad de consolidar nuevamente esas disposiciones en el texto vigente. La nueva normativa integró esas situaciones.
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El Programa de Acompañamiento Social fue creado por el decreto 198/2024, con el objetivo de promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad. En abril, el Poder Ejecutivo estableció que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de la coordinación y supervisión del programa, mantendría su funcionamiento durante 48 meses, a menos que cumpla antes el objetivo para el cual fue creada.
El último ajuste devino de los datos sobre pobreza e indigencia que el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) había publicado en marzo respecto al segundo semestre de 2025.
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Según el informe, la pobreza afectó al 28,2% de la población en los principales centros urbanos del país, mientras que la indigencia se ubicó en el 6,3%. Extrapolados al total de habitantes, los números indican que aproximadamente 13,5 millones de personas permanecen bajo la línea de pobreza y cerca de 3 millones en condición de indigencia, al cierre del segundo año de gestión del presidente Javier Milei.
Los registros marcan los valores más bajos en ambos indicadores desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza había llegado a 27,3% y la indigencia a 6,7%. Frente al segundo semestre de 2024, la reducción fue de 9,9 puntos porcentuales en pobreza —que entonces se ubicaba en 38,1%— y de 2,1 puntos en indigencia, que había cerrado ese período en 8,2%. La comparación con el primer semestre de 2025 también arroja descensos: 3,4 puntos en pobreza y 0,6 puntos en indigencia.
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En cifras absolutas, entre el primer y el segundo semestre de 2025, 1,54 millones de personas superaron la línea de la Canasta Básica Total (CBT) y 269.000 salieron de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Tomando como punto de comparación el pico registrado en el primer semestre de 2024, la reducción acumulada alcanza 11,4 millones de personas en pobreza y 5,5 millones en indigencia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la mejora al crecimiento de la actividad económica, a la desaceleración de la inflación y al fortalecimiento de los programas sociales con transferencia directa a los beneficiarios, sin intermediación. Al inicio de la administración de Milei, tras la devaluación del peso aplicada en diciembre de 2023, la pobreza había trepado a 52,9% y la indigencia a 18,1%. A lo largo de 2024, con la implementación del programa económico y la baja gradual de la inflación, ambos indicadores retrocedieron hasta cerrar el año en 38,1% y 8,2%, respectivamente.
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El Poder Ejecutivo apuntaba a sostener esa tendencia a la baja, aunque la aceleración de los precios en los últimos meses de 2025, particularmente en el rubro Alimentos y bebidas, representó un factor de presión sobre la CBT y la CBA, que miden los umbrales de pobreza e indigencia.
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