
Los vecinos escucharon primero los gritos. Después, un disparo. Eran pasadas las 12 del mediodía de un sábado. Algunos salieron al pasillo a ver qué pasaba. Otros se acercaron a la puerta del departamento. Desde adentro, Pablo Fernández, policía de la Bonaerense, pedía ayuda. No podía salir: la puerta estaba cerrada y no encontraba las llaves. Tuvieron que romperla a mazazos.
Cuando por fin lograron entrar, la escena era desesperante. Ayelén Sanabria —también de la Bonaerense— estaba tendida sobre la cama, con una herida de bala en la cabeza. Fernández la cargó y la bajó como pudo por la escalera. La subió a un auto y la llevó de urgencia al hospital más cercano. Minutos después, la joven murió.
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Ese episodio, ocurrido el 23 de octubre de 2021 en la localidad de Ciudadela, derivó en una acusación que llevó a Fernández a la cárcel. Se lo imputó por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género y con arma de fuego. Estuvo más de cuatro años preso.
Sin embargo, el 14 de abril pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Martín —integrado por los jueces Martín Klobovs, Aníbal Bellagio y Carolina Martínez— lo absolvió y ordenó su inmediata libertad. “Lo dejaron libre por falta de pruebas. La Justicia a veces no es justa. Estoy muy enojada y muy triste”, le dice a Infobae la hermana de la víctima, María José Sanabria.
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Un debate atravesado por dudas
El juicio se desarrolló los días 6 y 7 de abril. De acuerdo con la acusación, Fernández le disparó a Sanabria con el arma de ella y la intención de simular un suicidio, ya que la suya la había dejado sobre una mesa de luz junto a la cama, donde se encontró el cuerpo de la víctima y el arma homicida. Sin embargo, los jueces entendieron que eso no se pudo probar.
El fallo es contundente en ese punto: “El Ministerio Público Fiscal no logró acreditar una acción material positiva por parte de Fernández tal como viene acusado (...) Corresponde absolver al acusado Fernández por lisa y llana aplicación del beneficio de la duda previsto”, indicó el presidente del TOC N°3.
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¿Qué pesó para esa decisión? Para empezar, no hubo testigos directos: todo ocurrió dentro de la vivienda. Por otro lado, la prueba pericial no fue concluyente sobre quién disparó. De acuerdo con la perito oficial Paola Figueroa, encargada de la autopsia, Sanabria recibió un disparo en el cuello, que siguió un recorrido de abajo hacia arriba, sin signos de que la víctima intentara defenderse.
El informe balístico de Gendarmería Nacional confirmó que el arma utilizada era la reglamentaria de la víctima, pero no pudo establecer la distancia ni la mecánica exacta del disparo.
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Lo que sí se estableció fue que la herida presentaba “tatuaje” de pólvora, lo que indica que el disparo fue a corta distancia pero sin el arma apoyada sobre el cuerpo, un dato que —según el tribunal— resulta relevante frente a la hipótesis de la acusación, ya que, de haber existido resistencia, el arma hubiera estado apoyada o a mayor distancia.
Además, los estudios de residuos de pólvora resultaron no concluyentes, ya que no se hallaron partículas en las manos de Sanabria ni en las de Fernández. En este sentido, el tribunal advirtió sobre la “impericia cuasi irresponsable” en la recolección de muestras, lo que debilitó la acusación.
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La pericia “clave”
La reconstrucción judicial estableció que la pareja de policías tenía una relación “tóxica”, marcada por episodios de celos, discusiones y violencia de género. Él de 32 años, ella de 22; se conocieron trabajando en el Comando de Patrullas de San Isidro. Aunque no estaban en una relación formal, Fernández declaró que dormía en la casa de Sanabria entre tres y cuatro veces por semana.
Durante el debate, dos testigos narraron los minutos posteriores al disparo. Relataron que oyeron gritos y vieron a Fernández pedir ayuda, mientras intentaba abrir la puerta de la vivienda. Los vecinos debieron romper la entrada para acceder al lugar, donde hallaron a la víctima agonizando. Fernández, según los testimonios, levantó a Sanabria y la llevó junto a otros vecinos hasta el Hospital Carrillo, donde finalmente se confirmó su deceso.
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La hermana de la víctima, María José Sanabria, aportó que Ayelén se encontraba muy afectada por la muerte de su madre en octubre de 2020.
En ese contexto, el punto de quiebre en la prueba fue una pericia psiquiátrica retrospectiva sobre la víctima —solicitada por la defensa del imputado— que identificó “indicadores de riesgo compatibles con situaciones de violencia de género psicológica y física”, así como “factores de riesgo autolítico”, es decir, señales de vulnerabilidad psíquica y tendencias suicidas.
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En diálogo con Infobae, la abogada Liz Barrionuevo lo explicó así: “Fue una pericia brillante realizada por el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de La Plata: 90 hojas de trabajo. Con eso, el tribunal advirtió que la chica se quitó la vida”.

Según detalló Barrionuevo, ese informe reconstruyó el estado emocional de Ayelén: un cuadro atravesado por la muerte reciente de su madre y una situación de vulnerabilidad psíquica compatible con una conducta suicida.
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Esa pericia, presentada meses antes del juicio, tuvo un impacto directo en el revés de la causa: en marzo, a solo semanas del debate, Fernández dejó el Complejo Penitenciario de Magdalena y obtuvo prisión domiciliaria.
El comportamiento posterior del imputado también fue analizado: “No huyó, pidió ayuda, cargó a la víctima y la llevó al hospital. Su conducta no encajaba con la de alguien que acaba de cometer un homicidio y busca escapar“, dice su abogada.
Consultada acerca de si sus conocimientos como policía podrían haberlo ayudado a manipular la escena, la letrada dijo: “No hubo ningún escenario donde él se podría haber lavado o limpiado porque de inmediato entró todo el mundo al departamento. Posteriormente se fue al hospital y ahí enseguida le pusieron los guantes y quedó detenido. No hubo ninguna anomalía, ni siquiera se le encontraron rastros de pólvora”.

El después de la absolución
Durante el debate, Fernández declaró y sostuvo siempre su inocencia. “Yo no maté a nadie. Yo quise salvarle la vida”, dijo. Según relató, la discusión de esa mañana derivó en un forcejeo por un arma, tras lo cual la joven habría tomado su pistola reglamentaria y efectuado el disparo fatal.
“Terminé preso cuatro años y medio siendo inocente… Perdí el trabajo, me perdí de ver crecer a mi hijo. Cuando pasó todo esto, él tenía seis meses. Hoy tiene cinco años”, le dice a Infobae.
En libertad desde hace quince días, Fernández sostiene que todavía no se acostumbra: “Me cuesta salir a la calle y estar en lugares con gente porque me siento observado. La condena social fue muy fuerte”.
En ese sentido, su abogada aseguró que ya inició gestiones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para revisar la situación laboral de Fernández, quien fue apartado de la fuerza tras su detención. “Tienen que definir si lo reincorporan o toman otra decisión. También corresponde que le reconozcan estos años”, explicó. En paralelo, adelantó que analiza avanzar con acciones legales contra el Estado por el tiempo que Fernández pasó preso.
La familia de Ayelén, en tanto, sigue sosteniendo que él fue el responsable de quitarle la vida. “Como hermana, todo esto me deja muy intrigada. Durante años se habló de pruebas que lo señalaban como el culpable y, de un día para el otro, dicen que no hay evidencia suficiente y lo liberan. ¿Qué más pruebas hacen falta si el propio cuerpo de mi hermana mostraba lo que pasó? Yo salí del juicio muy mal, con dolor, enojo y mucha angustia. Es algo que no supero hace cuatro años. Para mí es una injusticia. La verdad es que él mató a mi hermana y que lo hayan liberado por falta de pruebas me llena de bronca. Estoy muy enojada con la Justicia”, se despide María José.
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