
La Justicia de Mendoza ordenó la detención de Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, acusado matar a su hijastro de apenas un año y 9 meses, a quien presuntamente violentó a lo largo de varios meses. La víctima murió en las últimas horas, luego de luchar por su vida en un hospital, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
Hasta la internación del nene, el hombre había sido imputado del delito tentativa de homicidio calificado por alevosía. Con la confirmación del fallecimiento, la calificación del expediente se agravó a homicidio simple agravado por alevosía.
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La decisión de detener al acusado surgió después de que el equipo médico detectara lesiones cerebrales compatibles con el síndrome de zamarreo, un cuadro asociado a episodios reiterados de violencia física ejercida sobre bebés y niños pequeños.
De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, el episodio que motivó la denuncia se produjo el 10 de abril en una vivienda de Luján de Cuyo. La madre del niño y Fragapane Gómez quedaron sujetos a una orden de restricción luego de que el menor ingresara de urgencia al Hospital Humberto Notti.
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El último parte médico resultó determinante para la causa: el equipo del hospital concluyó que las lesiones no respondían a patologías previas, como epilepsia, sino a sacudidas violentas. Además, los exámenes revelaron una fractura de varios meses de antigüedad, lo que para la fiscalía confirma un contexto de violencia sistemática. La fiscalía sostiene que el ataque se perpetró en un contexto de total indefensión de la víctima, lo que agravó la situación procesal del acusado.

El diagnóstico motivó la intervención inmediata de las autoridades para asegurar el resguardo y protección de los derechos del menor. El padre quedó a cargo del hermano mellizo de la víctima, quien fue sometido a estudios médicos en los que se descartaron lesiones.
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Por otro lado, la víctima permaneció en terapia intensiva, con pronóstico reservado, hasta que se confirmó su fallecimiento.
La causa
La causa penal se inició luego de que el equipo médico detectara indicios claros de maltrato infantil en un cuadro de síndrome de zamarreo.
El síndrome de zamarreo implica graves riesgos para la vida de los niños pequeños, ya que la fragilidad de sus estructuras óseas y musculares los hace especialmente vulnerables a secuelas neurológicas permanentes. Las autoridades médicas señalan que este tipo de lesiones no son accidentes domésticos habituales ni se relacionan con patologías como la epilepsia, ya que presentan un patrón característico y repetitivo.
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Los padres del niño están separados y la custodia habitual recaía sobre la madre, quien convivía con el imputado. En la causa intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), encargados del monitoreo y resguardo de la integridad de los menores de la familia.
La causa cuenta, además, con el respaldo de informes médicos, testimonios de familiares y dictámenes de los equipos de intervención, elementos que sostienen la hipótesis de violencia familiar sostenida.
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De acuerdo con lo que trascendió, el padre biológico del niño había realizado denuncias previas contra la madre y su pareja por presuntos episodios de maltrato. A pesar de estos antecedentes y de los señalamientos del papá del niño asesinado, al parecer no se implementaron medidas de protección efectivas para cuidarlo.
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