
Luego de que la reincorporación escolar del adolescente de 15 años acusado por el crimen de Kim Gómez en La Plata desatara denuncias por parte de los padres de los alumnos de la Escuela Secundaria N° 41 de Abasto, la Justicia resolvió que el menor continuará con su educación en modalidad virtual.
La medida se dio a conocer este miércoles, después de que el regreso del menor al aula, dispuesto en el marco de un proceso de reinserción judicial, provocara inquietud entre los padres. Según denunciaron, este compartía videos relacionados con la brutal muerte de la nena de 7 años, lo que desencadenó el temor entre sus compañeros.
“Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación”, reclamó uno de los padres de los estudiantes. Asimismo, otros familiares apuntaron que el joven también habría ingresado droga al establecimiento educativo.
Según la información publicada por el medio platense 0221, el retorno del adolescente al ámbito escolar coincidió con la aparición de denuncias sobre presuntas conductas disruptivas. Además de los videos, la preocupación se extendió a las redes sociales, donde se reportaron amenazas y mensajes intimidatorios vinculados al caso.

Como consecuencia del malestar, se registró un ausentismo masivo de alumnos en los últimos días, que reflejó el impacto del conflicto sobre la dinámica escolar. Por este motivo, la comunidad demandó la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad dentro de la institución, así como la adopción de medidas claras respecto al futuro del adolescente involucrado.
En este contexto, la Justicia informó que el alumno continuará su formación de manera virtual, lo que evitaría su presencia física en el establecimiento. La decisión fue adoptada tras los reiterados reclamos de los padres, aunque estos indicaron que aún no recibieron una notificación formal al respecto.
A pesar del anuncio, las familias mantienen en pie una movilización convocada para este viernes. El objetivo, según manifestaron, es exigir garantías de seguridad y definiciones concretas sobre la continuidad del proceso judicial y educativo del menor acusado por el crimen de Kim Gómez.
Al momento del crimen de Kim Gómez, el menor de edad tenía 14 años, por lo que su proceso fue juzgado por Justicia Penal Juvenil. Después de que se evaluara el hecho, en el que contó con la complicidad de otro joven de 17 años, el 27 de mayo de 2025 la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil María José Lescano resolvió que el más chico de ellos era inimputable.
Cabe destacar que, para ese entonces, todavía no se había aprobado la baja de la edad de imputabilidad. Por este motivo, la magistrada dispuso que este debía permanecer encerrado en un instituto de menores por dos años.

La decisión fue criticada por la fiscal Carmen Ibarra, quien había pedido que se extendiera el período de detención hasta que el acusado alcanzara la mayoría de edad y pudiera ser juzgado por el crimen. Entre sus argumentos, sostuvo que representaba un peligro tanto para él como para otras personas, tras remarcar que tuvo una parte activa en el robo que derivó en la muerte de Kim.
Ante esta decisión, la querella solo consiguió llevar a juicio al mayor de los menores, un joven identificado como Tobías Godoy, quien tenía 17 años el día de los hechos. Finalmente, en marzo de este año fue condenado a 23 años y cuatro meses de prisión por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata.
En el fallo emitido por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, sostuvieron que el adolescente mostró un desprecio por la vida de la menor y que no habían obtenido una buena impresión de su conducta y el tratamiento tutelar que tuvo. Asimismo, indicaron que habría afrontado una condena perpetua, si no hubiera sido menor de edad.
“La impresión causada por el joven durante todo el desarrollo del juicio es negativa en función de los dichos vertidos ante el Tribunal en sus últimas palabras, que revelan ausencia de arrepentimiento y desprecio a la vida humana... Conocía que la niña se hallaba dentro del vehículo e intentó deshacerse de ella, sin importarle las consecuencias", remarcaron los magistrados.
En conjunto con la condena por el homicidio “criminis causa”, los jueces pidieron que inicie un tratamiento psiquiátrico-psicológico “que lo acompañe en este proceso de responsabilización”; y que realice una capacitación o tratamiento relacionado con el respeto de la vida y la dignidad humana, “con perspectiva hacia personas en situación de vulnerabilidad, en especial de mujeres y niños, a fin de que asuma una actitud constructiva y responsable hacia la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas".
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