La jueza de Garantías N° 5 de La Plata, Marcela Garmendia, concedió este miércoles la excarcelación a V.B., la mujer de 42 años acusada de estafar a un compañero de trabajo con discapacidad psíquica por más de 2 millones de pesos en el Jardín N° 954. La decisión judicial llegó tras una audiencia en la que la imputada expuso su situación personal, manifestó su arrepentimiento y describió las dificultades económicas que enfrenta.
Según informaron fuentes del caso a Infobae, la defensa de V.B., a cargo del abogadoMiguel Molina, solicitó en las últimas horas la excarcelación y argumentó que la imputada no cuenta con antecedentes, presenta un entorno personal vulnerable y expresó su voluntad de enfrentar las consecuencias legales. Durante la audiencia, la mujer aseguró estar arrepentida y remarcó que su vida atraviesa una coyuntura crítica: percibe un salario bajo como auxiliar de limpieza, no recibe la cuota alimentaria provisoria de su expareja para su hijo menor de 7 años, y carece de red familiar de contención. Estas circunstancias, según explicó en la audiencia, agravan su situación y la colocan en un escenario de especial vulnerabilidad.
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El fallo judicial establece que la imputada deberá someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial correspondiente, y entregar constancias mensuales que acrediten el cumplimiento. Además, la Justicia ordenó la realización de un informe ambiental en el domicilio de la acusada, con el objetivo de monitorear su entorno y condiciones de vida mientras continúa el proceso penal. La jueza Garmendia fundamentó su resolución en la ausencia de peligros procesales, como riesgo de fuga u obstaculización de la investigación, y resolvió que la caución juratoria resultaba suficiente para garantizar su comparecencia.
El caso
La causa, impulsada por la UFIyJ N° 16 a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, investiga cuatro hechos de defraudación informática en concurso real. De acuerdo con la investigación de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, la imputada habría accedido a los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, con quien compartía el espacio donde ambos guardaban sus pertenencias en el establecimiento educativo. Entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, se registraron consumos reiterados que generaron un saldo negativo cercano a los 2 millones de pesos.
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Según la documentación judicial, las operaciones incluyeron compras de mercadería, ropa, calzado, un arbolito de Navidad, pasajes a San Bernardo y el pago de una factura de gas. El esquema de consumo se realizó en cuotas y por montos pequeños, modalidad que permitió a la imputada operar durante semanas sin activar las alertas del sistema bancario. La denuncia se radicó ante la Dirección de Investigaciones Cibercrimen después de que el empleado damnificado detectara movimientos inusuales en su cuenta y sufriera embargos en sus haberes.
El allanamiento en el domicilio de Brizuela resultó en el secuestro de un televisor, una cama, ropa, calzado, un celular, una notebook y anotaciones con datos de tarjetas, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con la maniobra. La causa sigue abierta y la Justicia espera los resultados del análisis pericial de los dispositivos electrónicos incautados.
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La víctima, empleado del jardín, continúa en su puesto de trabajo mientras avanza la investigación y permanece a la espera de una eventual restitución de los fondos.
El expediente establece que si la víctima no reconoce los consumos ante la entidad bancaria, el seguro del banco deberá responder por los montos sustraídos, lo que podría mitigar el impacto financiero. Además, de concretarse la restitución comprometida por la imputada, no habría perjuicio económico final para el damnificado.
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La imputada fue notificada formalmente del delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, y deberá cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones. La medida de excarcelación, otorgada por la jueza Garmendia, está sujeta a la estricta observancia de las obligaciones impuestas y a la evolución de la investigación en curso.
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