
Fue una semana con un sube y baja de emociones para Agostina Páez. La abogada argentina retenida hace más de dos meses en Brasil con una causa por injuria racial esperaba tener novedades sobre su vuelta al país en la audiencia desarrollada el pasado martes 24 de marzo. Sin embargo, la jornada terminó con más dudas que certezas. Ahora, deberá esperar unos 15 días más para conocer la decisión de la Justicia brasileña sobre su caso.
Sus abogados califican como “insólito” lo que ocurrió. El juez a cargo de la causa primero resolvió que Páez vuelva a Argentina y continúe el proceso judicial desde allá bajo medidas cautelares. La santiagueña festejó la decisión y se mostró públicamente contenta al respecto.
Pero horas después, todo cambió: el magistrado dio marcha atrás repentinamente y le ordenó a la joven que continúe en Brasil hasta el fallo, que podría demorar entre 15 y 20 días. Fuentes del entorno de Agostina creen que al juez no le habrían gustado las declaraciones en televisión que brindó junto a su equipo.
Ahora, las partes deberán presentar sus alegatos a la Justicia para que el magistrado los analice y emita su veredicto, que definirá el futuro de la joven.
Más allá de todo, en la última audiencia surgió una buena noticia para Agostina que es importante para la resolución: la parte acusatoria unificó en una las tres denuncias que había contra ella y solicitó una pena de 2 años de prisión, la mínima para el delito de injuria racial. Además, tanto la querella como la fiscalía aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a su país y realice trabajos comunitarios desde allá.
Los escenarios posibles
Con esta situación, el juez tiene distintos caminos posibles para resolver dentro del derecho penal brasileño.
Uno de los más probables sería que el magistrado homologue el acuerdo entre las partes y dicte la condena de dos años, pero sustituya la pena de prisión por medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa.
En este caso, al tratarse de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en el país, el juez podría autorizar que la imputada regrese a la Argentina y cumpla esas medidas desde su provincia mediante mecanismos de cooperación judicial entre ambos Estados.
Un segundo escenario es que el juez dicte condena con pena alternativa, pero exija que parte de las medidas se cumplan en Brasil. Esto implicaría que la acusada deba permanecer en el país durante un tiempo —por ejemplo para realizar tareas comunitarias o asistir a programas específicos— y recién después regresar a la Argentina.
Una tercera posibilidad es que el magistrado rechace parcialmente el acuerdo presentado por las partes. Podría considerar que la pena solicitada es insuficiente o que las condiciones propuestas no son adecuadas y, en consecuencia, decidir continuar el proceso penal hacia un juicio completo. En ese escenario la causa seguiría su trámite normal con producción de más prueba y audiencias, lo que prolongaría la situación procesal.
También existe la posibilidad de que el juez dicte una condena distinta a la solicitada, aunque esto es menos probable cuando acusación y fiscalía coinciden. En ese caso podría fijar una pena dentro del rango legal del delito (de 2 a 5 años) y luego evaluar si corresponde sustituirla por medidas alternativas o mantener algún tipo de restricción.
Finalmente, un escenario menos probable en este caso, pero jurídicamente posible sería la absolución, si el juez considera que la prueba reunida no alcanza para acreditar el delito o que los hechos no encuadran en la figura penal. En ese caso la causa se cerraría y la imputada quedaría en libertad para regresar inmediatamente a su país.
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