Un preso lideraba una banda narco con ramificaciones en varias provincias desde el penal y volvió a ser condenado

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes condenó a 13 años de prisión a Jorge Eduardo Espinosa, alias “Chaquito”, quien, pese a cumplir dos sentencias previas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, lideraba una organización criminal desde el interior de una cárcel federal.

Espinosa, actualmente de 31 años, se encontraba alojado en la Unidad N°7 del Servicio Penitenciario Federal en Resistencia, Chaco, donde cumplía una pena unificada de diez años y seis meses de prisión como resultado de causas previas. Sin embargo, desde allí dirigía maniobras de tráfico ilícito de marihuana, coordinando la introducción, acopio y distribución de la droga junto a otros integrantes de la estructura criminal.

Además del capo narco, el tribunal dispuso penas de 12 años de prisión para Rubén Ángel María Tabares, un chofer de aplicaciones de 45 años, y 8 años para la madre del principal condenado, Juana Torres, de 51. Ambos fueron considerados partícipes fundamentales en el funcionamiento del grupo, según el veredicto.

De acuerdo con lo informado en la web de los fiscales, la causa judicial expuso que 15 personas participaron de manera activa en actividades de tráfico ilícito de marihuana entre mayo de 2021 y marzo de 2023. El circuito delictivo abarcaba desde el ingreso de la droga desde Paraguay hasta su acopio, transporte y posterior distribución en Itatí, Corrientes capital y otras localidades, con destinos finales en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén. Los procedimientos realizados durante la investigación permitieron secuestrar cargamentos de 215,224 y 532,450 kilogramos de marihuana, respectivamente.

Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal —por medio de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Nicolás Marquevich— señaló que Espinosa ejercía el liderazgo desde su celda. Utilizaba un teléfono celular personal y también el teléfono oficial del penal para mantener contacto con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa (“Viru”) y coordinar viajes, cobros y traslados de dinero.

El tribunal determinó que Espinosa fue “quien decidió, organizó y ordenó” las maniobras, incluso mientras estaba privado de su libertad. Según la acusación fiscal, desde la cárcel “coordinó el ingreso de la droga desde Paraguay, fijó destinos, impartió instrucciones, ordenó cobros y administró ganancias”. La investigación sostuvo que nada fue improvisado y que todas las acciones respondieron a un plan premeditado.

La estructura criminal contaba con una organización interna definida. Torres, madre del principal condenado, fue considerada esencial para el funcionamiento financiero del grupo. La fiscalía indicó que actuó como administradora y canalizadora del dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes, gestionando fondos a través de su cuenta personal y ejecutando transferencias y depósitos de acuerdo a las instrucciones de Espinosa.

Respecto de Tabares, el tribunal lo encontró responsable de facilitar vehículos y logística para el traslado de la marihuana hacia distintas provincias. La sentencia subrayó que su participación “no fue casual ni inocente”, sino que resultó fundamental para la consumación del delito principal, al asegurar el movimiento de la droga a lo largo del territorio argentino.

Las autoridades judiciales también atribuyeron a otros miembros de la organización funciones específicas, como la coordinación del traslado desde las costas del río Paraná, el acopio y el transporte. Algunos operaban como “maleteros” encargados de movilizar la mercancía en vehículos, mientras otros se ocupaban de mantener el flujo de dinero y la comunicación interna.

En el marco de la causa principal, el Tribunal Oral Federal de Corrientes impuso condenas a otras 12 personas mediante juicios abreviados, con penas que oscilan entre tres y seis años de prisión. El debate oral comenzó el 9 de febrero de este año y estuvo a cargo de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

El proceso judicial contó con la intervención del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, así como del fiscal federal Flavio Ferrini y Martín Uriona, fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR. Los fundamentos detallados del veredicto serán dados a conocer el próximo 20 de marzo.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la organización operó como una estructura cohesionada a lo largo de casi dos años. Espinosa fue señalado como jefe y organizador, Torres como administradora financiera y Tabares como responsable de la logística de transporte. Las fiscales Pourcel y Vargas describieron este esquema como “el triángulo de la impunidad” durante la exposición de su alegato.

El caso también incluyó la denuncia de connivencia entre Espinosa y ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que prestaban servicios en la Unidad N°7 de Resistencia. Según la acusación, esa colaboración facilitó la continuidad de las operaciones ilícitas mientras el principal responsable se encontraba tras las rejas.